Tras sus cinco días de «reflexión», Pedro Sánchez instó el lunes a la sociedad española a «mostrar al mundo cómo se defiende la democracia», enarbolándose así como líder de la lucha contra el «fango» que, afirma, encabezan la «derecha y la ultraderecha».

Su discurso, que avanza un plan de «limpieza» -el término utilizado por el propio Pedro Sánchez- se mimetiza con la grandilocuencia de otras experiencias recientes, como la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y otras expresiones similares, que el régimen de Nicolás Maduro aprobó hace sólo un mes para perseguir a la oposición venezolana en defensa de «la democracia».

La ley de Maduro, que ha suscitado la preocupación de sus opositores y numerosas críticas de los defensores de los derechos humanos, se perfila como un instrumento contra la disidencia. Porque dentro del «fascismo» se puede incluir toda opinión crítica -como la de Leopoldo López-, que será perseguida en «defensa de la Humanidad», según expuso en su presentación la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez.

En su exposición de motivos proliferan las expresiones que, como en el discurso de Sánchez, equiparan la persecución de la crítica con la supuesta protección de la «democracia».

La ley «busca establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, frente a expresiones de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza que puedan surgir en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela», se recoge en sus primeros párrafos.

La mano derecha de Maduro ya adelantó que piensan castigar a una supuesta «secta» en la que estarían los opositores Henrique Capriles y Leopoldo López, así como cercenar toda futura protesta contra la dictadura venezolana.

El articulado recoge un severo plan de sanciones, con hasta 12 años de cárcel y elevadas multas, incluso por la convocatoria de manifestaciones. Se cerrarán los medios que difundan «mensajes prohibidos». De decidir lo que es y no es «fascismo» y «neofascismo» se ocupará una comisión -

Alta Comisión contra el Fascismo, Neofascismo y Otras Expresiones- elegida por el propio Maduro. Los defensores de derechos humanos han alertado del objetivo de este plan, promovido en año electoral, para «criminalizar» la crítica. Y es que el gobierno venezolano ha tachado de «fascista» a todo aquel que no comparta su pensamiento ideológico.

Por «fascismo», según la ley, se entiende «el racismo» o la «misoginia», pero también «el clasismo, el conservadurismo moral y cualquier tipo de fobia contra el ser humano».

Lo decidirá Maduro. También, los mensajes que podrán ser «prohibidos», que serán aquellos que considere que «reproduzcan la cultura del odio», «denigren de la democracia y sus instituciones», «promuevan la suspensión de derechos y garantías» y «exalten principios, hechos, símbolos y métodos del fascismo».

«No sólo el Estado debe ser democrático y respetuoso de la igualdad. Todos y todas los y las habitantes de la República Bolivariana, de Venezuela deben actuar dentro de ese mismo marco que establece la Constitución», proclama Maduro en su nueva ley, que considera que la oposición «fascista» supone «consecuencias negativas para la convivencia social, la democracia y los derechos humanos».

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