El grupo municipal de Recupera Madrid, que nació tras la escisión de los ediles afines a Manuela Carmena del grupo de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, quiere llevar a los tribunales la financiación del partido de Íñigo Errejón. Los hechos se remontan a una «carta financiera» que se entregó a los trabajadores eventuales de la formación (a menudo no afiliados al partido) y a los vocales vecinos para que entregaran una parte de su salario al partido turquesa. En el centro de la investigación se halla la deuda electoral generada en la campaña de 2019. Los ediles cifran en 550.000 euros el gasto sospechoso.

La ofensiva judicial se presentará «esta semana», según ha sabido IEN de fuentes conocedoras de dicho movimiento. Y se centrará, además de en los chats internos sobre la constitución del partido adelantados por El Mundo, en maniobras que el grupo califica de ilegales y que se ejecutaron después del fracaso electoral en las generales de 2019. «Creían poder alcanzar 13 diputados y acabaron en dos. Fue un desastre. Pero en esa campaña se gastaron mucho dinero para nada», explican las fuentes consultadas. 

 La clave fue la carta financiera que algunos excuadros del partido llegaron a impugnar hace meses. Para ello, el grupo de ediles afines a Carmena incluirá en su denuncia declaraciones recogidas en la sentencia sobre los cuadros y vocales, que recogen: «El motivo real de cese parece ser el incumplimiento de la obligación del pago de la carta financiera, que incorpora una ilegal donación obligatoria para la financiación de un partido al que ninguno de los actores está afiliado«.

 Deuda electoral
La cifra de ese endeudamiento alcanzaría los 550.000 euros, según alega el grupo político demandante. Por aquel entonces, la concejal Rita Maestre, actual portavoz de Más Madrid, ejerció de directora de campaña de Errejón. Y fue ella quien autorizó los gastos para impulsar al flamante líder de Más País. El fracaso electoral en las generales obligó a Más País a devolver lo gastado a través de micro créditos (el crowdfunding impulsado por el partido) y pagar gastos por esa cifra, ya que con las subvenciones estatales no se alcanzaría dicho nivel de inversión. Los 550.000 euros se desglosan en 350.000 euros vía microcréditos y otras facturas de pagos que se tuvieron que abonar con mucha rapidez.

Las secciones territoriales de Más País se negaron a sufragar dicho gasto, puesto que la formación solo sacó dos diputados en Madrid. De ahí que los ediles de Carmena denuncian que la dirección de Más País pidió a sus concejales, altos cargos, personal eventual y hasta vocales vecinos entregar parte de su sueldo para tapar el agujero financiero. Para ello, tal y como ha sabido este diario, abrieron un archivo online en el que cada afectado tenía que depositar sus datos personales y hasta la cuenta bancaria para demostrar los pagos.

Viajes y estancias en hoteles
Ese endeudamiento despertó el malestar interno. Los afiliados y cargos del partido detectaron cómo Más País pagó viajes y estancias en hoteles para que algunos emisarios de Errejón recogieran avales en Cataluña para enfrentarse al partido de Ada Colau. Y algunos sostienen que Maestre evitó responder por esos gastos, que después la formación intentó recaudar con las donaciones de sus cargos. Todas esas «controversias» formarán parte de la denuncia que presentarán los exediles de Carmena antes del fin de semana. 

 Ruptura del grupo
Aquella cuestión abrió una herida en Más Madrid. La concejal Marta Higuera se negó a que los trabajadores sufragaran dicho gasto, y que de ello se encargaran los cargos electos. Higueras cuestionó internamente la legalidad de pedir dinero a trabajadores, eventuales y vocales. Ese choque acabó en el «hostigamiento» de Higueras, según la versión de los escindidos, que ahora van a elevar la cuestión ante los tribunales.

La cuestión legal atañe a la «liberalidad» de la donación, según el artículo 618 del Código Civil. Es decir, una decisión que no está vinculada a una «obligación», sino que se ejerce libremente y bajo ninguna coacción. La presunta obligatoriedad implícita o explícita (por ejemplo, bajo amenaza de suspensión del cargo) en la orden de la dirección de Más País puede derivar en lo que según los demandantes es posible considerar «financiación ilegal».

 El hecho de que, además, la dirección de Más País fijara una cuota que, según las fuentes consultadas, pasó del 10 al 13% del sueldo de los afectados, también infringiría el principio de la donación, al no tratarse de un importe voluntario y también porque se repetiría en el tiempo tras la recepción cada mes de la nómina. Y aunque existen las excepciones sobre militancia y afiliación a organizaciones políticas, según los demandantes nunca se puede exigir a cargos no electos, como los vocales vecinos o los asesores.

La denuncia de los ediles de Carmena tiene una enorme relevancia porque apela directamente al incumplimiento de la ley orgánica 3/2015 de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos. En dicha norma se clarifica el concepto de donación y, sobre todo, desaparecen las aportaciones de simpatizantes y militantes, dejando abierto el canal de aportación económica solo a los afiliados.

El problema para Más Madrid y Más País es que al ser partidos instrumentales sin afiliados, todas las «cartas financieras» pueden declararse ilegales, según la tesis de los demandantes. Y de ahí enfrentarse a un problema de cara al nuevo ciclo electoral de autonómicas y municipales de 2023.

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