Juan Antonio Martínez, Secretario de Vida de Valores Región de Murcia, ha envidado, dentro del plazo establecido en la consulta pública sobre la nueva ley del aborto, una misiva en la que comunica al Ministerio de Igualdad su más profundo rechazo a este Anteproyecto de Ley Orgánica, por las siguientes razones principales:

 1.    Por entender que es inconstitucional en varios artículos. Pero sobre todo, porque el aspecto central de la ley: establecer al aborto libre hasta las 14 semanas y tratar el aborto como un derecho, es abiertamente inconstitucional, y contrario a la doctrina fijada por el propio Tribunal Constitucional (STC 53/1985).

 2.    Por no atender a razones de “economía legislativa”, ya que lo razonable, y lo usual en una democracia, es derogar los artículos de la ley anterior que son susceptibles de ser mejorados, y no derogar una ley orgánica entera para sustituirla por otra. ¿Tan mal hecha está la “ley Aído”? Como ejemplo de lo anteriormente expuesto, basta señalar cómo leyes orgánicas tan distintas, como la LOMLOE y la LOMCE, en realidad, no han derogado la LOE, que sigue siendo la Ley Orgánica “base” de la educación, por el contrario, solo han modificado algunos de sus artículos.

 3.    Por entender que estamos ante una intromisión, por parte del Gobierno, en las funciones del Tribunal Constitucional, violando de esta forma el Gobierno la separación de poderes. Creemos esto ya que la nueva ley del aborto que el Ministerio de Igualdad quiere sacar es, en lo esencial, muy parecida a la anterior, lo cual nos hace pensar que estamos ante una artimaña del Gobierno para tratar de paralizar una más que probable sentencia del Tribunal Constitucional en la que señale que la “ley Aído” es, como no puede ser de otra forma, inconstitucional.

 El partido Valores entiende que tiene el deber constitucional de alzar su voz en contra de este atentado a nuestra Democracia y a los Derechos Fundamentales establecidos por nuestra Constitución. Recordemos que, según la doctrina fijada por el propio TC (STC 53/1985): “el Estado tiene la obligación de garantizar la vida, incluida la del nasciturus (art. 15 de la Constitución), mediante un sistema legal que suponga una protección efectiva de la misma”. Por tanto, como parte del Estado que somos, no solo tenemos el derecho, sino también la obligación constitucional de defender el derecho a la vida de los seres humanos no nacidos.

 Por último, Valores hace un llamamiento a todos los españoles a que salgan a la calle el próximo día 26 de Junio en Madrid para protestar por este disparate legislativo que ya cuenta con el cómplice silencio de los de siempre.

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