La cara de Juan Silva, exministro de Transporte y Comunicaciones del presidente izquierdista de Perú, Pedro Castillo, está por todos lados junto a la del exsecretario del despacho del mandatario, Bruno Pacheco, y dos sobrinos del jefe de Estado, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez por formar parte de la lista de los más buscados del programa de recompensas del Ministerio de Interior creado para la búsqueda, captura y entrega de criminales, presuntos delincuentes y terroristas a cambio de un estímulo económico.

Los cuatro miembros del entorno de Castillo que ingresaron a la lista de los más buscados están solicitados por el Ministerio Púbico por liderar una presunta organización criminal que gestionó comisiones para la asignación de licitaciones a empresas chinas, entre ellas, la construcción del Puente Tarata III.

Todos están prófugos, pero la recompensa de hasta 25.000 dólares por información sobre su paradero reduce las probabilidades de mantener la clandestinidad por mucho tiempo, considerando que «el programa es anónimo, seguro y las llamadas son gratuitas», asegura el portal de gobierno.

Si alguien contacta a las autoridades y ofrece información que permita las detenciones, la Policía Nacional del Perú (PNP) solicitará a la Comisión Evaluadora de Recompensas el pago, enviándole un expediente que contiene información sobre el procedimiento. La comisión revisará el caso y elaborará un acta para que se efectúe un depósito en una cuenta de ahorros del Banco de la Nación.

El teléfono 0800 40007 está disponible para recibir información. A aquellos con disposición a colaborar se les brindará un nombre falso y se derivará el caso a la unidad especializada encargada.

También es posible aportar datos en cualquier comisaría u oficina policial, donde los oficiales deben llamar a la línea del programa de recompensas para que la colaboración sea considerada.

Fiscalía indaga
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, indaga sobre las condiciones que habrían facilitado la evasión del exministro Silva, luego de que los agentes de la PNP que lideran la investigación de los presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aseguraran que tenían vigilancia permanente y garantizada la ubicación.

«El informe deberá indicar las acciones realizadas y los nombres y grados de todos los oficiales responsables y las unidades policiales que estaban implicados en la disposición de videovigilancia. Con base en esa información, Sánchez Velarde decidirá si es necesario disponer que una fiscalía provincial realice una investigación para aclarar el papel de la Policía en la fuga de Silva», reseñó La República.

Presidente en jaque
El abogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza, intenta evitar que el mandatario comparezca ante la Fiscalía este lunes 13 de junio a las 10:00 de la mañana (hora local) en el marco de esta investigación.

Posponer su declaración hasta después de que se resuelva la tutela de derechos es la opción que maneja Espinoza para el presidente, tras solicitar al juez de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, vía tutela de derechos, que determine si es legal que la Fiscalía investigue al presidente de la República en el marco del artículo 117° de la Constitución Política del Estado. El juez ha programado una audiencia para evaluar el caso el 15 de junio.

«Luego, la decisión del juez Juan Carlos Checkley puede ser apelada por la Fiscalía o la defensa ante la Sala Penal de la Corte Suprema, que actúa en segunda instancia y tendrá la palabra definitiva. Esto podría demorar hasta julio», asegura el medio.

Sin embargo, Castillo puede –aún sin la decisión del juez– acudir y expresar su derecho a guardar silencio, e incluso reservar su declaración para otra fecha. Cualquier paso será crucial, sobre todo cuando la congresista Patricia Chirinos afirma que «Pedro Castillo se irá preso».

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