La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de  Valenciana (TSJCV) imputa a Mónica Oltra, la vicepresidenta, consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, portavoz y secretaria del Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig. La imputación se produce a petición del titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia y en el marco del caso que investiga la supuesta ocultación de las denuncias de la menor abusada por el marido de la vicepresidenta valenciana en el momento de los hechos. Con la de Oltra, la causa suma ya 14 imputados entre cargos y personal de la citada Consejería. 

La imputación de Mónica Oltra sitúa en un punto crítico al Gobierno valenciano de Ximo Puig. La también líder de la Coalición Compromís, una de las 3 patas sobre las que se sostiene el Ejecutivo con los socialistas y Unidas Podemos, ocupa un papel estelar en ese Gobierno. 

Se desconoce si Ximo Puig le solicitará la dimisión o si ella misma será la que ponga la renuncia sobre la mesa del presidente o si, por el contrario, Puig y Oltra pactarán la continuidad de esta última a pesar del enorme varapalo que supone una imputación por un presunto delito de abusos sexuales. 

 El caso que ha originado la imputación de la vicepresidenta valenciana arranca con la denuncia de una menor tuteada por la Consejería que la propia Oltra dirige por los abusos sexuales a los que era sometida por un educador del centro. Ese educador resultó ser el marido de Mónica Oltra. Conocidos los hechos, se puso en marcha un procedimiento judicial, que tras múltiples avatares se consumó con la sentencia de culpabilidad del citado educador.

Sin embargo, los hechos investigados ahora por la Justicia y que han derivado en la imputación de Oltra son otros, aunque relacionados estrechamente con el caso. En concreto, se trata de averiguar si cargos y/o personal del centro en que se produjeron los abusos ‘taparon’ presuntamente las denuncias de la menor abusada con la supuesta complicidad o bajo las órdenes de la vicepresidenta valenciana y si esos mismos cargos y/o personal llevaron a cabo una investigación en paralelo al procedimiento judicial. Es lo que se conoce como la ‘instrucción paralela’.

 Fue la menor abusada por el marido de Mónica Oltra quien interpuso la denuncia, que recayó en el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia y propició el inmediato inicio de la investigación. El juez fue recabando una tras otra las pruebas y testimonios de los supuestos implicados hasta totalizar 13 imputados.

Llegados a ese punto, el magistrado se dirigió al TSJ valenciano para trasladarle que no podía continuar con el esclarecimiento de los hechos si no se producía la imputación de la vicepresidenta de Ximo Puig y que tampoco podía imputarla dado que en su doble condición de diputada autonómica y consejera se trataba de persona aforada. Y que la decisión de imputar o no a Oltra debía tomarla, por ley, el Alto Tribunal valenciano.

Fue entonces, cuando el TSJCV derivó la investigación a la Sala de lo Civil y lo Penal y nombró un tribunal compuestos por 3 jueces. Uno de ellos, su presidenta, es también la presidenta del citado TSJ valenciano Pilar de la Oliva. Los otros 2 jueces que completaban la terna habían formado parte de un tribunal anterior: el que rechazó la querella presentada por la asociación Gobierna-T por estos mismos hecho.

De las alegaciones, hubo 3 especialmente destacadas. Una, de la propia menor, que no sólo apoyó la competencia del tribunal, sino que además, sostuvo que Oltra debía ser imputada para garantizar su derecho ala defensa. Otra, la del fiscal, que a su escrito agregó la supuesta evidencia de «indicios relevantes» de la supuesta participación de Mónica Oltra y reclamó que se pusieran en marcha todas las diligencias oportunas para el esclarecimiento de los hechos.

Y, una tercera, la de los abogados de Oltra, que en un extenso alegato en el que sólo dedicaron un párrafo a la competencia del tribunal, expusieron que a su juicio no existían indicios relevantes de criminalidad para proceder a la imputación, por lo que reclamaron el sobreseimiento de la causa para su defendida. El pasado lunes a mediodía, ya con todos las alegaciones en su poder, el Alto Tribunal inició su deliberación, que ahora ha concluido con la la imputación de Mónica Oltra en el caso.

La  imputación,  acarrea consecuencias en el ámbito político. En esta esfera, todos los grupos de la oposición tiene su mirada puesta en la dimisión o cese la vicepresidenta valenciana y, por tanto, en Ximo Puig, que afronta con la decisión del TSJ un momento de extrema debilidad. Todas las posibilidades están abiertas, incluso la de un adelanto electoral.

La hoja de ruta de Ximo Puig, según fuentes consultadas antes de consumarse la imputación, es la de esperar la dimisión de la vicepresidenta y que Compromís decida quién debe sustituirla. 

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