El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha propuesto al Ejecutivo de Pedro Sánchez aplicar una serie de medidas, entre las que se incluye la supresión de nueve impuestos y apostar por la nuclear, para abaratar el precio de la energía.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de Madrid ha elaborado un exhaustivo informe en el que hace una radiografía del impacto de la crisis energética en España y ofrece una serie de soluciones para contener los precios.

Aunque el departamento que lidera Paloma Martín no tiene competencias sobre este extremo, desde el Gobierno Autonómico han optado por arrimar el hombro y enviar una carta a ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, donde detalla estas propuestas con la «esperanza» de que las tomen en consideración porque son «totalmente viables», apuntan fuentes de la consejería.

 En concreto, la primera medida que el Gobierno madrileño insta a Sánchez a tomar es suprimir ocho impuestos que gravan la producción y sustituirlos por un único gravamen que internalice daños ambientales.

Estos son: el impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, el impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos en instalaciones centralizadas, la tasa del Consejo de Seguridad Nuclear, la tasa por la prestación de servicios de gestión de residuos radiactivos, la tasa estatal por la prestación de servicios de respuesta por la Guardia Civil en el interior de las Centrales nucleares u otras instalaciones nucleares y las tasas en materia de energía por los servicios administrativos impuestos por la normativa sectorial.

 Por todos estos conceptos, según cálculos de la Consejería de Medio Ambiente, el Estado recaudó en 2020 un total de 1.800 millones de euros, a los que añadir otros 6.100 millones provenientes de los impuestos de la parte de comercialización (IVA e Impuesto Especial sobre la Electricidad), para una recaudación total de unos 8.000 millones de euros.

Además, el Gobierno de Ayuso plantea la supresión temporal del impuesto al dióxido de carbono e hidrocarburos, así como la eliminación de subvenciones externas a la generación de electricidad.

En el marco de las propuestas a corto plazo que desde Madrid lanzan al Gobierno de Sánchez, se enmarcan también el traspaso de los sobrecostes a los PGE (sistemas insulares y déficit de tarifa), aprovechar los fondos europeos para mejorar las interconexiones y prolongar la vida útil de las centrales nucleares.

Sobre este último extremo, el mentado informe critica que el Gobierno de coalición entre socialistas y podemitas se haya negado a abrir el debate de la energía nuclear cuando «otros países han anunciado nuevos reactores y España 0».

Además, también censura que Sánchez no haya contemplado en su propuesta de planificación estratégica 2021-2026 reforzar las interconexiones.

El documento remitido al ministerio comandado por Teresa Ribera también incluye, como propuestas para que el Gobierno de la Nación aplique a largo plazo, trazar un mapa energético «seguro, estable, barato, independiente y descarbonizado» y rediseñar el mix energético para avanzar en la electrificación de la demanda.

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