Apenas dos semanas después del fallo del Tribunal Supremo de EE.UU., que anuló una protección federal de este derecho , que llevaba en vigor desde 1973, una coalición de los grupos socialdemócrata, liberal, verde y de la izquierda de la Eurocámara logró una mayoría alternativa (que no requiere a los populares europeos) para sacar adelante esta solicitud. Su objetivo es reformar el artículo 7 de la Carta, que ahora consagra el derecho al respeto de la vida privada y familiar, domicilio y comunicaciones de las mujeres, para añadir el derecho "a un aborto seguro y legal".

"La salud y los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos fundamentales que deben protegerse", recalcan los eurodiputados, que condenaron los recientes retrocesos en los derechos de las mujeres "en Estados Unidos y en algunos Estados miembros" de la UE.

Una reforma que no obliga
Reformar la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que recoge los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los europeos y se proclamó en el año 2000, requiere la unanimidad de todos los Estados miembros para ser reformada, incluidos aquellos que aún no protegen el derecho al aborto, como Polonia y Malta.

Pese a la carga simbólica de la condena del Parlamento Europeo a la pérdida de este derecho para mujeres, ni siquiera lograr reformarla obligaría a todos los Estados miembros a proteger el aborto seguro en sus ordenamientos jurídicos, ya que la Carta solo es vinculante en áreas del derecho donde la Unión Europea tiene competencias.

La resolución, que se aprobó por 324 votos a favor, 155 en contra y 38 abstenciones, recuerda también que las prohibiciones y otras restricciones al aborto "afectan de manera desproporcionada a las mujeres en situación de pobreza, en particular las mujeres racializadas, de zonas rurales, las personas LGBTIQ, las mujeres con discapacidad, las adolescentes, las mujeres migrantes y los hogares monoparentales encabezados por mujeres".

Más apoyo político
"Las mujeres que, debido a barreras financieras o logísticas, no pueden permitirse viajar a clínicas de salud reproductiva en estados o países vecinos corren un mayor riesgo de sufrir tratamientos inseguros y potencialmente mortales y de verse obligadas a llevar a término su embarazo contra su voluntad, lo que constituye una violación de los derechos humanos y una forma de violencia de género", advierte la Eurocámara.

Según el PE, la Comisión y los Estados miembros, además de promover la inclusión de este derecho en la Declaración Universal de Derechos Humanos deben "intensificar su apoyo político" a los defensores de los derechos humanos, los proveedores de asistencia sanitaria u organizaciones de la sociedad civil y de base que defienden los derechos de las mujeres y la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

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