Las cosas se han puesto muy feas en Estados Unidos después de que el mes pasado el Tribunal Supremo sacara al aborto de las garantías constitucionales, aunque ya iban mal con anterioridad.

En 2017 una madre con tres hijos entregó voluntariamente su móvil a la policía y le abrieron un sumario por “comprar en línea píldoras abortivas Misopristol” 10 días antes. No había pruebas de que tomara las píldoras, pero la fiscalía la acusó de “matar a su hijo pequeño”, identificado en la acusación como “Baby Fisher”.

Es uno de los casos en los que los que fiscalía ha utilizado los mensajes de texto y las búsquedas en internet como pruebas contra mujeres acusadas de abortar deliberadamente.

No hay peor enemigo que internet. Las aplicaciones informáticas registran las búsquedas, el historial de navegación y la presencia en “lugares sensibles”, como centros de fertilidad o clínicas de aborto. También ocurre con las visitas a centros de tratamiento de drogas que convierten al usuario en traficante o en toxicómano, lo mismo que la consulta de páginas web yihadistas le convierte en un terrorista.

Hoy día todo se hace a través del móvil y los registros digitales son una mina de oro para la policía, que puede pedir a las empresas tecnológicas los mensajes de texto intercambiados, el historial de búsqueda de los usuarios, su geolocalización y otras informaciones que revelen los planes de interrupción del embarazo.

Entre 2000 y 2021 más de 60 casos en Estados Unidos involucraron a alguien que fue investigado, detenido o acusado por interrumpir su propio embarazo o ayudar a otra persona. Varios de estos casos se basaron en mensajes de texto, historiales de búsqueda y otras pruebas digitales.

Una de ellas fue el caso de Purvi Patel que, en 2015, fue la primera mujer en ser acusada, condenada y sentenciada por “feticidio” al interrumpir su propio embarazo. Las pruebas del Estado incluían mensajes de texto que Patel intercambió con una amiga, en los que hablaba de su intención de tomar píldoras que podrían provocar un aborto.

La fiscalía también aportó como prueba su historial en internet, incluida su visita a una página web llamada “Federación Nacional del Aborto: Aborto después de 12 semanas”. En su móvil la policía encontró un correo electrónico de un sitio web que suministraba píldoras de mifepristona y misoprostol sin receta.

Patel fue condenada a 20 años de prisión, pero más tarde fue liberada tras la anulación de su condena. El Tribunal de Apelación de Indiana dictaminó que la ley estatal de “feticidio” no debía utilizarse para perseguir a las mujeres por sus propios abortos.

Polonia es una pesadilla para las mujeres
En Polonia los movimientos abortistas mantienen un cierto grado de cladestinidad, recurriendo a canales cifrados para pasar información. Los colectivos de mujeres borran sistemáticamente todas las conversaciones en línea después del aborto y advierten que no difunda su experiencia en las redes sociales.

Una organización que proporciona fondos a las mujeres polacas para que aborten en Alemania, paga directamente a las clínicas, en lugar de proporcionar fondos a las interesadas, para que no quede ningún registro digital.

En Polonia se ha introducido un “registro de embarazos”. Desde el mes pasado el gobierno polaco obliga a los médicos a registrar la información sobre las mujeres embarazadas en una base de datos central.

Una polaca que dirige una línea telefónica de información para embarazadas, Justyna Wydrzynska, ha sido detenida y la fiscalía le pide tres años de prisión por haber suministrado píldoras abortivas en 2020 a una mujer que dijo ser víctima de violencia doméstica.

Wydrzynska fue detenida después de que la pareja de la mujer la denunciara a la policía. La primera actuación fue confiscar el ordenador de Wydrzynska, así como los dispositivos de sus hijos.

Hoy la biografía más exhaustiva de una persona está en su propio móvil o en su propio ordenador.

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