La Abogacía del Estado ha asumido la defensa de Irene Montero en el procedimiento civil que la ministra de Igualdad enfrenta por presunta intromisión ilegítima al derecho al honor de Rafael Marcos, expareja de María Sevilla, a quien acusó -sin mencionarle directamente- de ser un maltratador, según fuentes jurídicas consultadas Un pleito que Montero no tendrá que pagar de su bolsillo, al asumir la Abogacía del Estado su defensa.

El Juzgado de Primera Instancia número 35 de Madrid había citado este miércoles a la ministra de Igualdad al acto de conciliación previo a la demanda que va a interponer en su contra Rafael Marcos, expareja de la mujer indultada en mayo pese a haber sido condenada por secuestrar al hijo de ambos. Sin embargo, la Abogacía del Estado ha comunicado que su representada, Irene Montero, no comparecerá en la conciliación. Un acto al que no estaba obligada por ley a asistir.

Marcos reclama 85.000 euros a la ministra de Igualdad por decir públicamente que había maltratado tanto a su hijo como a María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre. Además, exige a Irene Montero una rectificación pública que contenga reconocimiento expreso de la «incerteza» de unas declaraciones efectuadas el 25 de mayo en las que celebraba el indulto a María Sevilla y se refería a Marcos, sin mencionarle directamente, como un maltratador.

En un escrito, fechado el 29 de junio, el juzgado citó a ambas partes para que comparezcan en el acto de conciliación. Se trata del medio previsto en la ley para que las personas puedan alcanzar un acuerdo en algún asunto en las que ambas tienen intereses y eviten un futuro pleito. Los abogados de Marcos formularon el pasado 9 de junio una solicitud para la celebración de un acto de conciliación previo a la interposición de la demanda contra la titular del Ministerio de Igualdad por presunta intromisión ilegítima al derecho al honor.

Montero afirmó que es un maltratador
En la solicitud del acto de conciliación, como contó este diario, los abogados de Marcos requerían a Irene Montero a que «se avenga a a reconocer que las declaraciones que realizó el día 25 de mayo de 2022 en el acto de inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres, en las que presentó a don Rafael Marcos como un maltratador tanto de su hijo como de su expareja, María Sevilla, son inciertas y determinan una intromisión ilegítima en el derecho al honor».

 Al tratarse de unas declaraciones realizadas en el ejercicio de su cargo como ministra del Gobierno, la demanda finalmente será formalizada ante la Sala Pimera del Tribunal Supremo. Todo ello sin perjuicio de las actuaciones que los representantes legales de Rafael Marcos piensan emprender ante las instituciones europeas al amparo de la directiva 2016/343 del Parlamento Europeo, según la cual las autoridades y personas con cargo de representación pública deben abstenerse en sus manifestaciones públicas de catalogar o tildar como culpables a personas que no han sido condenadas con sentencia firme.

 Durante el juicio por la custodia del menor, Sevilla aseguró que su padre le golpeaba y que incluso había cometido abusos sexuales en su contra, algo que quedaría completamente desestimado al no probarse y que, al perder el caso, llevaría a que la expresidenta de Infancia Libre fuese condenada posteriormente por secuestrar al pequeño. La mujer fue condenada por sustracción de menores en 2021 a dos años y cuatro meses de prisión, además de cuatro años sin patria potestad. Sin embargo, en un decreto publicado mayo en el BOE, el Gobierno le concedió un indulto parcial y le devolvió la patria potestad.

Piden al TEDH que suspenda la patria potestad a Sevilla
Rafael Marcos va a presentar mañana, jueves, una solicitud de medidas cautelares ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para que se suspenda la ejecución del indulto en lo referente la devolución de la patria potestad a María Sevilla, según han informado los abogados de los despachos Arroyo Abogados y Novalex Spain, que representan de forma gratuita a la expareja de María Sevilla.

El escrito de solicitud de medidas cautelares apela al artículo 39 del reglamento del TEDH, pretende garantizar la protección del menor y ha sido elaborado con la colaboración desinteresada del abogado Javier Borrego, del despacho Durán y Durán Abogados, de acuerdo a las mismas fuentes. El objetivo es que se suspenda la devolución de la patria potestad a María Sevilla hasta que se resuelva el recurso planteado por Rafael Marcos ante el Tribunal Supremo.

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