El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite la querella del Fiscal Delegado de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Javier Ródenas, formulada contra el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, por prevaricación y tráfico de influencias y contra la exdirectora de Recursos Económicos de esta entidad (DGRE), Ana María Pérez, por prevaricación.

De igual forma, ha aceptado las medidas cautelares propuestas por el fiscal sobre el bloqueo y embargo de los saldos de las cuentas bancarias, depósitos, valores, títulos acciones, deuda pública, contenido de las cajas de seguridad, demás activos financieros y coches de alta gama de la mercantil investigada RR7 UNITED SL, cuyo administrador único es Rayco Rubén González -también titular de la entidad Yimbo 7 Inversiones SL, susceptible de este embargo-, por estafa agravada y blanqueo de capitales, en un auto emitido por el magistrado Florencio Luis Barrera -fechado el 19 de julio- al que ha accedido ECD E IEN.

 Ángel Víctor Torres. 
La querella de la Fiscalía Anticorrupción se sustenta en su informe que denomina ‘El Timo de Rayco’, en el que denuncia ‘un lucro ilícito de 1.350.000 euros de fondos públicos’ procedentes de una adjudicación -durante la pandemia- para la adquisición de un millón de mascarillas 3M 1860 N95, por parte del SCS, a la entidad de venta de coches -ajena al sector sanitario- RR7 UNITED SL.

Esta empresa, según el fiscal, "usó este dinero público para adquirir vehículos lujosos a través de un entramado societario familiar del querellado González" quien, a su vez, incumplió el citado contrato público, adjudicado por 4 millones de euros, al no entregar nunca este material sanitario al SCS, siendo aún deudor del erario público por esta millonaria cuantía económica, tal como avanzó este diario.

 Blas Trujillo. 
En el marco de esta investigación abordada por el fiscal y la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el denunciante del caso, denominado ‘PCR Canarias’, Juan Manuel Pérez, felicita "la celeridad de actuación de la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional", pues interpuso su solicitud de investigación -el pasado 14 de marzo- ante la Fiscalía General del Estado, en base a las publicaciones de este diario y "a las pocas semanas fui citado a declarar", momento en el que nombró a este diario así como su intención de seguir destapando a través de su denuncia, "las 23 contrataciones de material anti Covid-19 por 32 millones de euros, presuntamente irregulares, adjudicadas por el Gobierno de Canarias".

Exigen dimisiones al Gobierno de Canarias

Pérez exige "responsabilidades al ejecutivo regional canario por el gasto de dinero público para comprar automóviles de lujo que, finalmente, han sido incautados por la Policía Nacional" y advierte al presidente socialista, Ángel Víctor Torres, que "debería haber dimisiones inmediatas en la Consejería de Sanidad, sin tener que esperar a un juicio oral, a la vista de los datos claros sobre el uso ilícito por parte de RR7 UNITED SL de los 1.350.000 euros procedentes del SCS, que ha remitido el fiscal ante el juzgado".

 Ana María Pérez. 
También recuerda a Torres "la imagen gráfica  cuando el presidente canario se encontraba almorzando meses atrás con el cuñado del investigado -Rayco Rubén González-, el empresario José Juan Arencibia Alemán, y el asesor fiscal de RR7, Pablo Carranza, una foto que se ha hecho viral y que tendría que explicar al pueblo canario, o dimitir sobre la marcha".

De igual forma, pide "explicaciones al vicepresidente del ejecutivo regional, Román Rodríguez, respecto al uso de los fondos europeos FEDER utilizados para comprar material sanitario, pues la Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas han abierto diligencias de investigación en base a esta misma denuncia"’.

 Rayco González. 
Por su parte, el denunciante indica que "su motivación para seguir adelante con esta denuncia se debe a las alarmas que saltaron al tener empresarios conocidos en el ámbito sanitario, quienes le indicaron los precios abusivos aprobados por el SCS para adquirir mascarillas pero, por otro lado, las desafortunadas declaraciones  del consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, atacándole en una sinrazón en sede parlamentaria, en lugar de apoyar su valentía como denunciante de corrupción. También, en base a los argumentos de desconfianza esgrimidos por el consejero de Justicia, Julio Pérez, quien planteó una duda sobre las intenciones de esta denuncia contra el ejecutivo por su mala praxis en las contrataciones de material anti Covid-19",

"Esta querella contra el SCS y RR7 UNITED SL es sólo la punta del iceberg respecto al resto de las contrataciones denunciadas por 32 millones de euros que quedan por investigar", subraya Pérez, pues "no se concibe que altos cargos del gobierno canario se arriesguen a cometer presuntos delitos a cambio de nada, por lo que voy a seguir mirando con lupa y trabajando para averiguar todo lo que se ha hecho con el dinero de todos los canarios hasta el final", manifiesta a este diario.

 "Contratos públicos millonarios adjudicados por WhatsApp"

"Es inaudito que se aprobaran contratos multimillonarios a través de mensajes de WhatsApp entre los responsables del SCS y empresas ajenas a Sanidad durante la pandemia, se ha realizado un procedimiento vergonzoso por parte de Conrado Domínguez, en el caso de la adjudicación de 4 millones de euros a RR7 UNITED, tal como señala el fiscal, además de la posible negligencia por parte de la exdirectora de la DGRE, quien accedió a pagar los millones a esta empresa de coches fantasma, a pesar de ser advertida por los técnicos de que podrían tratarse de una estafa las actuaciones de RR7", dice Pérez.

 Roman Rodriguez, Vicepresidente del Gobierno canario. 
Además, "conozco empresas expertas en material sanitario que realizaron ofertas mucho mejores al ejecutivo canario, mientras el SCS, aunque tenía en su poder un stock suficiente de mascarillas FFP2, se empeñó en comprar mascarillas 3M no homologadas en Europa queriendo hacer creer que eran FFP3, cuando un informe de la UDEF  acredita que se trataban de FFP2, lo que supone un auténtico despropósito por parte del SCS", critica.

"Amenazas por denunciar corrupción"

No obstante, el empresario grancanario, Juan Manuel Pérez, relata que lleva denunciando casos de corrupción en Canarias desde 2005 relacionados con escándalos urbanísticos, función pública, abusos policiales, tanto a nivel municipal como regional y, hasta esta ocasión, por el caso ‘PCR Canarias’, "no había visto nunca tanta celeridad como en esta investigación, tanto por la fiscalía como por la policía".

 Auto judicial. 
Uno de los momentos más álgidos del proceso de Pérez como denunciante de este tipo de escándalos, además de todas las presiones, amenazas, cierre ilegal de su empresa, y que, finalmente, ha anulado el Juzgado, e intentos de soborno que ha recibido, según expresa, fue a raíz de "la manipulación de los frenos de su vehículo particular", un hecho que puso en conocimiento de la justicia como presunto intento de homicidio en 2019, un caso pendiente de esclarecer respecto a la identidad de los autores de esta maniobra, que casi le cuesta un accidente en la carretera.

"Es increíble lo que me sucedió, justamente después de denunciar el nombramiento presuntamente ilegal del actual comisario de la Policía Local del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Isidro Armas, un proceso judicial actualmente pendiente de resolución por el Tribunal Supremo, después de años de reclamaciones".

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ECD, IEN