El dinero malversado en el caso ERE sigue generando preguntas muy incómodas que nadie parece capaz de responder. Después de que se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo, la Junta de Andalucía reveló que apenas pudieron recuperar 21 millones de euros (y quedan 1,9 millones “reconocidos” en sentencias del Tribunal de Cuentas que todavía no han podido ser cobrados). 

Recordemos que la Sección Primera de la Audiencia cuantificó en 680 millones de euros el dinero desviado por los referentes del PSOE para crear una maquinaria política en Andalucía que les permitió, a través de la corrupción y el clientelismo, ganar y conservar el poder durante años.

 La promesa incumplida del presidente: miente, miente, que siempre algo queda

 En mayo del 2015, el entonces secretario general del PSOE, un joven Pedro Sánchez, declaró, en un mitin de su partido durante las elecciones municipales del 24-M, que todo político corrupto debía pagar de su bolsillo hasta el menor centavo adquirido de manera ilegal.

Sus palabras exactas fueron: “Con el Gobierno socialista, en la Región de Murcia y en España, aquel político corrupto no sólo tendrá que pagar, sino devolver el dinero robado respondiendo con su patrimonio”.

Sin embargo, apenas el Tribunal Supremo confirmó la sentencia contra los dos ex presidentes del PSOE y de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves (el primero fue condenado a 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos; el segundo, a 9 años de inhabilitación por prevaricación), Sánchez olvidó sus declaraciones y salió a defenderlos con una declaración muy provocadora: “Yo creo que, en este caso, tanto en el de Chaves como en el de Griñán, podemos afirmar que están pagando justos por pecadores. No hubo enriquecimiento personal, tampoco hubo financiación de partidos políticos. Lo que sí hubo fueron dimisiones hace más de un lustro asumiendo sus responsabilidades políticas”.

Para fortalecer todavía más la versión victimista (y justificar la desaparición de una verdadera fortuna cuyo destino sigue siendo desconocido), Pilar Alegría, portavoz del PSOE, confirmó las palabras de su jefe sobre Griñán y Chaves al definirlos como paladines que usaron el dinero para favorecer a los demás y no se guardaron ni un centavo: “Estos mecanismos lograron salvaguardar en Andalucía cientos de empleos y empresas en momentos de dificultad en una comunidad fuertemente golpeada por el desempleo”. 

Juan Espadas, líder socialista de Andalucía, usó el mismo libreto que su compañera de partido, y justificó lo ocurrido: “Fue un procedimiento que perseguía un fin social que permitió salvar buena parte del tejido producto y evitó que 6.000 personas fueran al paro”. 

 Un plan siniestro

 Lejos de las versiones victimistas que impulsa Sánchez y su partido, Antonio Sanz, consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, realizó un balance del dinero 'perdido' y remarcó que se recuperó solo el 3% del dinero robado, es decir, todavía faltan 656,1 del monto total.

El gran escollo para recuperar ese dinero es la maniobra que hicieron los abogados de la Junta en la etapa en que la socialista Susana Díaz era presidenta del Gobierno andaluz: en ese momento, los letrados se apartaron del juicio contra Chaves, Griñán (y el resto de ex altos cargos) y no los acusaron formalmente, eso impidió que la Fiscalía pudiera pedirles las fianzas millonarias que inicialmente les había exigido y dejó a la Junta imposibilitada de reclamarles el dinero desviado en los ERE.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal es muy clara al respecto: “La acción civil ha de entablarse conjuntamente con la penal por el Ministerio Fiscal, haya o no en el proceso acusador particular; pero si el ofendido renunciare expresamente a su derecho de restitución, el Ministerio Fiscal se limitará a pedir el castigo de los culpables”.

En pocas palabras, el fiscal puede pedir cárcel o inhabilitación para los acusados, pero no que devuelvan el dinero de los ERE, algo que le hubiera correspondido hacer a la Junta si Díaz no hubiera embarrado la cancha.

Gracias a las maniobras de la entonces presidenta de la Junta, los condenados por el Tribunal Supremo no deberán pagar ni un solo euro de los 680 millones malversados con los ERE.

La única posibilidad que dejó abierta Díaz es la reclamación civil tras una condena firme, que debería llegar el próximo mes de septiembre. 

Sanz reconoció que no quieren rendirse: “Seguimos trabajando por recuperar el dinero. El objetivo es que podamos recuperar el dinero de los parados”.

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