Cuando se les dice a los políticos que trabajan poco y ganan mucho suelen enojarse y se defienden explicando que no tienen descanso porque su labor les exige estar todo el día, de lunes a domingos, resolviendo problemas ajenos.

         La realidad, sin embargo, desmiente esas excusas y permite entender el enojo del ciudadano común que acaba de enterarse que el cierre del Congreso por vacaciones congeló el tratamiento de leyes fundamentales y urgentes para la sociedad.

         En pocas palabras: proyectos referentes a la seguridad, la reducción de la dependencia energética o nuevos impuestos no se tratarán porque nuestros representantes disfrutan de unas extensas vacaciones.

         Sí, diputados y senadores han dejado decenas de leyes pendientes de aprobación y vale la pena citar los ejemplos más importantes: la Ley de Vivienda (paralizada por la falta de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos), la Ley del “Sí es Sí”, la nueva ley de Ciencia, la Ley de Memoria Democrática, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, la nueva Ley de Secretos Oficiales, la ley para reformar el control judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Ley Trans, la Ley sobre Bebés Robados, la ley que sanciona la morosidad empresarial, la ley para la protección de la libertad de expresión, la ley sobre la prostitución, la ley para garantizar una vida digna a las personas que padecen Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y la Ley sobre los Nuevos Impuestos Extraordinarios a la Banca y a las Compañías Eléctricas.

 El mejor trabajo del mundo

 Aunque hubo intentos por reducir el extenso descanso de senadores y diputados con el objetivo de agilizar la sanción de leyes que faciliten la vida de los ciudadanos de a pie, la realidad es que nuestros legisladores tienen tres meses de vacaciones (enero, julio y agosto) garantizados por la Constitución en su artículo 73.

¿Cuántos españoles disfrutan de 90 días de descanso cobrando un sueldo altísimo, sin rendirle cuentas a nadie por todo lo que dejaron sin hacer?

Han existido propuestas para modificar esta situación, pero no han prosperado. Vox, por ejemplo, reclamó que los diputados también trabajen en julio, pero su iniciativa fue rechazada por el PSOE e Isabel Díaz Ayuso justificó su negativa y la de sus compañeros con un argumento que los ciudadanos están cansados de escuchar: “Uno no es político solo cuando está en el Parlamento”.

Rocío Monasterio fue la única legisladora que mostró públicamente su enojo ante esta situación: “Me sigue avergonzando que los diputados tengamos vacaciones medio mes de diciembre, los meses enteros de enero, julio, agosto y medio mes de septiembre”.

La legisladora dijo lo que muchísimos españoles piensan: “No sé por qué los diputados tenemos que disfrutar cuatro meses de vacaciones con sueldos pagados, con paga extra, con extra de comisiones, con extra de portavoces. ¡Es necesario revisar esto!”.

 Más privilegios

          Si las leyes paradas y las extensas vacaciones de los legisladores no fueran motivos suficientes para que los sufridos contribuyentes que pagan sus generosos sueldos a diputados y senadores se enojen, acaba de conocerse otro detalle que deja muy mal parados a los integrantes del Congreso.

El Boletín Oficial del Estado publicó el contrato que tramitó con El Corte Inglés a un costo de 23,3 millones de euros para que la empresa se encargue del traslado y alojamiento de los miembros de la Cámara Baja y de la Cámara Alta.

¿Qué más puede pedir un legislador? Grandes sueldos, vacaciones extensas y viajes garantizados por una empresa de primer nivel. 

Mientras tanto, decenas de leyes siguen congeladas en el Congreso, durmiendo el sueño de los justos.

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