Los inversores extranjeros siguen sin tener clara su apuesta por la economía española después de la irrupción de la pandemia. Los datos de la Secretaría de Estado de Comercio indican que durante el primer trimestre de este año se registró una Inversión Extranjera Directa (IED) en términos netos de 4.091,7 millones de euros, una cifra que está todavía un 45% por debajo de las cifras anteriores a la covid.

El dato publicado esta semana y el primero con cifras de 2022, se compara negativamente con los 5.973,18 millones de euros que se registraron entre enero y marzo de 2019 y es un 65% inferior a los 6.759,9 millones que ingresaron a nuestro país en el primer trimestre de 2018. Hay que destacar que durante este trimestre analizado todavía no estallaba la guerra en Ucrania y, por tanto, las perspectivas de crecimiento económico mundial eran bastante más halagüeñas que en la actualidad.

A finales de 2021 y comienzos de 2022 se produjo un gran boom inversor en todo el mundo debido al fin de las restricciones de la pandemia y a los todavía bajos tipos de interés. Una efervescencia que llegó solo a medias a España. Es verdad que los datos de 2022 representan un crecimiento del 57% respecto de los 1.756,1 millones del primer trimestre de 2021 y un 60% por encima de los 1.616,5 millones de la primera parte de 2020, pero están lejos de recuperar las cifras anteriores al covid.

 Inversión Extranjera bruta
Desde el punto de vista de la Inversión Extranjera Directa en términos brutos el retroceso es menor, pero sigue siendo significativo. En el primer trimestre de 2022 fue de 6.776,6 millones de euros, una cifra que representa un 9,7% menos que el último primer trimestre sin covid y un 16,7% menos que enero y marzo de 2018. Nuevamente se repite la tendencia y las cifras mejoran la pandemia (un 42% más que en 2021 y un 49% menos que en 2020), aunque lejos de los datos de los últimos años de normalidad económica.

En términos contables la inversión bruta es igual a la inversión neta más la pérdida de capital por depreciación. La inversión extranjera bruta es necesariamente positiva, mientras que la inversión neta puede ser positiva o negativa. La depreciación física del capital tiene su contrapartida contable en la amortización. Es decir, la inversión neta es un indicador más fiable para tomar el pulso de los flujos de capital que llegan a un país.

Los expertos consultados indican que esta caída se debe principalmente al retroceso de inversores privados que no ven clara su entrada en España debido a la incertidumbre regulatoria. De hecho, en las cifras de la Secretaría de Comercio se aprecia un pronunciado retroceso de países como Suiza o Países Bajos, tradicionales puentes desde donde desembarca la inversión extranjera corporativa en el resto de Europa.

 Pérdida de confianza
Este diario ya advirtió en noviembre de 2019 de que España había dejado de ser un destino atractivo para la inversión extranjera en momentos en los que la economía perdía fuelle y necesitaba más que nunca el empuje del capital foráneo. Diferentes firmas y bancos de inversión que desde nuestro país asesoran a empresas multinacionales confirmaban el deterioro de las expectativas de los inversores.

En un escenario previo a la invasión rusa a Ucrania, estos inversores ya advertían de que iniciativas como el hachazo a las eléctricas, los cambios que se querían realizar en la normativa laboral o los crecientes impuestos a las empresas tecnológicas, sumados a decisiones como ampliar la acción de oro del Gobierno sobre empresas estratégicas o el aumento de los costes energéticos hacían insostenible el desembarco de capital extranjero.

 A esto además se sumaba la situación económica que deja a España a la cola de la recuperación europea con crecientes índices de inflación, un PIB muy por debajo de lo pronosticado por el propio Ejecutivo y el evidente retraso en el reparto de los Fondos Europeos. Un panorama que en nada ha cambiado, casi un año después de este análisis.

Ataques a las energéticas
Estas fuentes incluso aseguraban a este diario que esta situación había generado que muchas grandes compañías hayan paralizado proyectos que hace un año esperaban poner en marcha en nuestro país. Proyectos en el ámbito de la manufactura, la industria y el desarrollo de materias primas, por poner algunos ejemplos. Una situación que se ha confirmado con los primeros datos de 2022 publicados esta semana por el propio Gobierno.

El problema es que la situación ha ido a peor desde entonces. Desde la irrupción de la guerra, el Gobierno ha puesto en el punto de mira a las grandes empresas. Les ha acusado de enriquecerse con el conflicto armado y el propio Pedro Sánchez ha insistido en que hay que compartir el coste de la guerra para paliar el impacto en los ciudadanos. Después de meses presionando a las eléctricas, antes del verano se anunciaron impuestos a los beneficios extraordinarios de la banca y las energéticas.

Pese a que Bruselas ha propuesto un gravamen que desmonta el planteado por el Gobierno, Sánchez insiste en establecer una nueva tasa a los bancos, pese a que la Unión Europea lo ha descartado. Al mismo tiempo han reconocido que se adaptarán a la legislación europea a las empresas de energía después de un verano de constantes enfrentamientos con la gran empresa.

Una situación que perjudica la confianza de la inversión extranjera y deja a España en una muy mala posición de cara a una eventual recuperación una vez que se estabilicen las cadenas de distribución, los suministros de chips y que se produzca una nueva espiral de crecimiento. Los asesores de fondo de inversión consultados nuevamente por este diario insisten en que el riesgo de que se produzca una importante contracción en la llegada de capital foráneo es cada vez más alto si se mantiene la deriva populista del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

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