OCP Group, la empresa marroquí que saquea el fosfato saharaui y controlada al 95% por Mohamed VI, ha adquirido recientemente un fabricante y distribuidor de productos de nutrición animal en Huelva (Andalucía) perteneciente al grupo Fertinagro Biotech. La compra se produce seis meses después del infame giro de Pedro Sánchez respecto al Sáhara Occidental. 

En este contexto, la OCP facturó el año pasado cerca de 10.000 millones de euros y está considerada la empresa pública más grande de Marruecos. El Grupo OCP es, además, el primer productor mundial de productos a base de fosfato gracias a la explotación ilegal de las minas de Fosbucraa, situadas en el Sáhara Occidental.

La adquisición de GlobalFeed, confirma el objetivo de la empresa de Mohamed VI "de diversificar sus soluciones de fosfato y convertirse en un actor principal en el sector de la nutrición animal". Según la misma fuente, la empresa GlobalFeed, ubicada en Huelva (Andalucía), facturó en 2021 más de 87,7 millones de euros, lo que supone un fuerte aumento respecto de los 52,1 millones ingresados en 2020, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, donde reportó un ebitda de más de dos millones de euros y un beneficio neto de 1,5 millones el año pasado. 

La autorización de Marruecos para esta adquisición llegó el 29 de mayo, dos meses después del giro del Gobierno de España para reconciliarse con Mohamed VI.

Según el último informe de la Asociación para el Monitoreo de los Recursos Naturales y la Protección del Medio Ambiente del Sáhara Occidental (AREN) reveló en agosto pasado que el Reino de Marruecos, potencia ocupante del Sáhara Occidental, ha aumentado la comercialización ilegal de fosfatos.

El informe publicado por la organización desvela que el saqueo de los fosfatos saharauis experimentó un “grave aumento” en 2022, duplicando con creces las cifras del ejercicio anterior, al ascender a “470.889 toneladas frente a las 220.000 toneladas del primer trimestre de 2021”. El informe indicó que Marruecos explotó la situación en Ucrania para aumentar las exportaciones de fosfato.

Como resultado de sus investigaciones, AREN alertó sobre la creciente participación de México en el saqueo de fosfatos en los últimos seis meses tras hacer un seguimiento a la empresa estadounidense Innophos, que importó desde julio de 2021 unas 337.590 toneladas distribuidas en seis cargamentos, “confirmándose que todos estos cargamentos cambiaron el rumbo de su viaje a finales de julio de 2021 al puerto de “Coatzacoalcos” en México, y el resto de los cargueros navegaban sin especificar su destino o especificando destinos falsos al conocer de antemano la tamaña ilegalidad cometida en un territorio bajo ocupación militar que vive en situación de guerra desde Noviembre de 2020.

No obstante, la asociación remarcó que la empresa estadounidense se había comprometido anteriormente a cesar su actividad de importación de fosfatos del Sáhara Occidental el 2 de julio de 2018, “como parte de sus obligaciones de responsabilidad social corporativa”.

La asociación también citó en su informe a la multinacional india Paradeep Phosphate Limited, que importó un total de 182.037 toneladas de fosfato saharaui expoliado desde principios de año, afirmando que en el momento actual está a la espera de otro cargamento.

Por otro lado, AREN mostró su “pesar” por la continuación de la política de Marruecos de privar al pueblo saharaui de su derecho a trabajar en este sector, “las estadísticas confirman que existe un plan para eliminar a los trabajadores y trabajadoras saharauis” para sustituirlos por colonos marroquíes, y esto se refleja en el hecho de que el porcentaje de trabajadores saharauis pasara del 35 por ciento durante los últimos diez años al 25 por ciento, se señalaba en el informe.

AREN recuerda que “Phosboucraa” anunció en 2015 la provisión de 1.700 puestos de trabajo, donde se contrataron a 500 trabajadores durante el primer periodo, de los cuales solo 35 eran saharauis, mientras que la ocupación indicó falsamente que se emplearon un total de 2.300 trabajadores, incluido el 62 por ciento de la “población local”. Lo que la asociación considera como una “descripción engañosa” del capital humano para eludir la realidad de las olas de asentamientos ilegales alentadas por la potencia ocupante al brindar muchas facilidades al que se traslade, como oportunidades laborales y viviendas, lo que ayudó a “cambiar el mapa demográfico a favor de la ocupación, convirtiendo al pueblo saharaui en una minoría en su tierra natal”.

El informe concluye que el estado de ocupación marroquí, “mientras continúe con el saqueo reiterado del fosfato saharaui con la complicidad de empresas y gobiernos internacionales ante los ojos del mundo, ignorando el derecho internacional humanitario y la Carta de las Naciones Unidas, refleja su no aceptación y persistencia en el continuo sufrimiento del pueblo saharaui”.

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