El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha enviado a juicio a la formación política PdeCAT, a su predecesora, Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), y a sus extesoreros Germà Gordó, Daniel Osácar y Andreu Viloca por el denominado 'caso 3%', la estructura puesta en marcha supuestamente para financiar al partido de forma ilegal a través de licitaciones de obra pública.

En un auto de este mismo martes, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 acuerda la apertura de juicio oral para un total de 30 personas físicas, entre ellas políticos, empresarios y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Cataluña.

De igual forma, abre juicio respecto a 16 personas jurídicas, mientras que decreta el archivo provisional parcial para Juan Antonio Carpintero, presidente de la constructora Grupo Ortiz.

Pedraz declara a la Sala de lo Penal de la AN como el órgano competente para enjuiciar estos hechos y da un plazo de tres meses a las defensas de los acusados para presentar sus escritos de defensa.

En el auto de apertura de juicio oral, el juez instructor recoge los escritos de acusación tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de los ayuntamientos de Barcelona y de Sant Cugat del Vallés.

ACTUACIÓN SISTEMÁTICA
Tal y como se dio a conocer la semana pasada, el Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de los delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de más de 20 años de prisión para los acusados y una multa de 3 millones de euros para el PdeCAT por la "estrategia para el financiamiento ilícito" que se habría realizado "sistemáticamente" a lo largo de los años en su predecesora política, la extinta CDC, en el marco del 'caso del 3%'.

En su escrito, el fiscal José Grinda acusa a 30 personas físicas y a 14 personas jurídicas, además de a sendas formaciones políticas, solicitando una condena de 21 años y 4 meses de cárcel para el extesorero de CDC Andreu Viloca y de 18 años y 10 meses para el también responsable de las cuentas de la formación Germá Gordó, que fue asimismo consejero de Justicia del Govern con Artur Mas.

Además, pide 1 año y medio de cárcel sustituida por trabajos en beneficio de la comunidad para el exresponsable de finanzas de CDC y extesorero de las fundaciones Daniel Osácar; 1 año de cárcel y otro de trabajos en beneficio de la comunidad para el exresponsable económico de 'CDC' Francesc Xavier Sánchez; 10 años de prisión para la jefa económica y financiera de CDC Anna Dolors, y 14 años para el gerente y coordinador del Área Económica de CDC Carles del Pozo.

Anticorrupción pide imponer la multa de 3 millones al PDeCAT al considerar que, "lejos" de ser "un nuevo partido independiente" de Convergencia Democrática, su nacimiento se entiende como "la mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad, con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente, CDC".

INFLUENCIA POLÍTICA PARA LOGRAR ADJUDICACIONES

El Ministerio Público detalla en su escrito de acusación que en el período de 2008 a 2015 "altos cargos de CDC, en connivencia con cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y con los diferentes empresarios acusados, pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político ilegalmente y en forma encubierta".

Para la Fiscalía, los ingresos que CDC recibió de sus fundaciones con esta operativa "significaron una fuente de financiación del partido que supuso, en el período comprendido entre los ejercicios 2008 a 2012, una media del 11,5% de la financiación privada del partido y de un 7,7% en la financiación total" de la formación.

Bajo su estructura jerarquizada, los acusados adscritos a CDC y con Gordó al mando "llevaban a cabo un control y seguimiento de las licitaciones de obra pública y servicios ofertadas por diferentes administraciones del ámbito autonómico catalán, bajo la esfera de poder" del partido, ya fuera en ayuntamientos, diputaciones, municipios u organismos dependientes de la propia Generalitat.

Para el resto de los acusados, entre los que se encuentran los empresarios a los que se imputan estos hechos, la Fiscalía solicita penas que oscilan entre los 11 años de prisión o condenas sustituibles por multa y trabajos en beneficio de la comunidad.

El escrito de Fiscalía llega dos años después de que el entonces juez instructor, José de la Mata, dictase en 2020 un auto de pase a procedimiento abreviado que puso fin a una investigación iniciada en 2015 por actuaciones irregulares en Torredembarra (Tarragona) y que, a medida que crecía, se remitió a la Audiencia Nacional en 2018 debido a su "grave repercusión" para la economía española.

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