Hay visitas que llegan sin nada bueno. La de la ministra de Igualdad del Gobierno español, Irene Montero, a Colombia, para reunirse con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño es una de estas. En su agenda destacan la defensa del aborto, la apología a la pedofilia y una ley trans que permitirá tres cambios de sexo en dos años a cualquiera sin necesidad de informes médicos o autorizaciones de los padres en el caso de los menores.

Estos temas no incomodan a Petro o así parece en la foto que el mandatario compartió con la también dirigente del partido de extrema izquierda, Unidas Podemos. Ambos posaron abrazados y sonrientes para sellar un encuentro que abre el camino a las ideas «progresistas» de la alta funcionaria española que tiene en contra al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado de España por considerar que la reversión de los cambios de sexo debe tener un carácter «absolutamente excepcional» que debe ejecutarse «siempre bajo la decisión judicial y nunca de forma incondicionada ni ilimitada».

¿Asesorando al futuro ministerio de la igualdad colombiano?
La misión de Montero en Bogotá es abogar por la cooperación entre la administración del socialista Pedro Sánchez y Gustavo Petro para impulsar las políticas públicas feministas y la ideología de género que ya practican en la Moncloa.

Para ello, firmó un protocolo de colaboración para “profundizar en la agenda” que tiene a la creación de un ministerio de igualdad en Colombia a corto plazo entre las prioridades. «Le he visto muy comprometido», reveló Montero sobre Petro.

La ministra española está «muy orgullosa de que cada vez más gobiernos sitúen al feminismo en el centro de su acción política». Lo dijo frente al embajador de España en Bogotá, Joaquín de Aristegui Laborde; la directora de Gabinete, Lidia Rubio Sánchez; la directora adjunta de Gabinete, María Teresa Arévalo; la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer; la consejera para la Mujer, Clemencia Carabali; la viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Gil; la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro; y la jefe de Gabinete, Laura Sarabia, quienes parecen ignorar o estar dejando a un lado la reciente apología a la pedofilia por parte de Irene Montero, quien defendió que los niños tengan relaciones sexuales, incluso con adultos si el contacto físico es consentido.

Expansión de la agenda feminista
La intención de Irene Montero en Colombia es expandir en la región sus iniciativas. Lo admite. Asegura que el arribo de la izquierda al poder en Chile, Colombia y Brasil –a partir de enero con la toma de posesión de Lula da Silva– permitirá «afianzar las relaciones entre las mujeres, escuchando los movimientos feministas, a las organizaciones de mujeres que trabajan a pie de terreno, en el territorio y de las que tenemos mucho que aprender para saber qué políticas públicas podemos hacer para que al final todas las mujeres puedan vivir con dignidad».

Sin embargo, esta pretensión genera controversias donde se implantan. Por ejemplo, Montero plantea como obligatorio que las comunidades autónomas activen un registro de objetores sanitarios que no quieren realizar la «interrupción voluntaria del embarazo» para que en los servicios públicos siempre haya profesionales suficientes para poder practicarla porque de esa forma se garantiza una «calidad democrática» y el «derecho a decidir sobre el propio cuerpo es parte del derecho a la salud» y, al mismo tiempo, «abre la puerta de entrada al ejercicio de muchos derechos», como la posibilidad de que las mujeres puedan «elegir sus proyectos de vida».

Es el mismo discurso de las feministas en Colombia que intentaron incendiar la Catedral de Bogotá durante la marcha para conmemorar el Día de la Acción Global a favor del Aborto Legal y Seguro. Con la visita de la ministra española, Irene Montero, al presidente colombiano, Gustavo Petro, ya habrá ideas para que esta agenda nociva avance.

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