MANIFESTAR su rotundo rechazo a las manifestaciones de la Ministra de Igualdad Irene Montero respecto a la aplicación de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida como la Ley del Sí, es Sí, en los procesos judiciales realizados con anterioridad a la vigencia de la Ley.

Antes de que esta se aprobara, el Partido Feminista se manifestó en contra de su redactado y así lo expresó en un manifiesto del partido y en un artículo de su presidenta Lidia Falcón, y en numerosas intervenciones de las dirigentes. No hacía falta ser un experto en leyes para entender que rebajando las penas para el delito de agresión sexual las condenas dictadas con anterioridad serían revisadas a favor del reo, que constituye un derecho democrático acordado desde hace dos siglos por las legislaciones nacionales e internacionales.

Con lo que la ley que pretendía aumentar la protección de las mujeres que han padecido agresiones sexuales se ha convertido en más benévola con los violadores y acosadores sexuales, y deja en la indefensión a una serie de víctimas

La incompetencia de ese Ministerio ha llegado a su colmo con la redacción de esa ley que rebaja las penas a los delitos sexuales, al haber suprimido la distinción entre “abuso sexual” y “agresión sexual”. Modificación que califica de agresión toda actuación sexual en la que se forzara a la víctima, aunque estableciendo diversos grados de violencia y en consecuencia de castigo. Resulta incomprensible que en nuestro Código Penal se haya eliminado la calificación de violación, entendible por todo el mundo, para sustituirla por agresión sexual, lo que ha supuesto una escala de penas en relación a las diversas agresiones que es un absoluto enredo en el momento de juzgar.

Pero como afirmó enfáticamente la ministra de Igualdad “no se quería ser punitivo, porque el punitivismo no servía para prevenir esas conductas delictivas”, se rebajaron las penas que estaban previstas para las agresiones sexuales. Con lo cual tipifica de manera igual comportamientos muy distintos y se estipuló una escala de penas más amplia, que reduce las penas. Así se rebaja la del caso de agresión sexual, que en la anterior redacción era de 5 a 10 años y en la actual, de 2 a 6, sin que se entienda la motivación de tal cambio.

Al parecer, ninguno de los asesores del Ministerio, y sepan que el Ministerio de Igualdad dispone de CIENTO SETENTA ASESORES, ni del Congreso se apercibieron de las consecuencias que tendría esa rebaja de penas, ni pretendieron preverla con una disposición transitoria que nunca se escribió. Sólo se puso el acento en el consentimiento prestado por la víctima para la relación sexual, por lo que a la ley se la conoce como la del “sí es sí”,

El caso, realmente ridículo para la historia legislativa española, es que durante dos años y medio el texto ha recorrido todas las instancias previstas para ser aprobado, sin que se corrigiera el redactado que ahora permitirá rebajar las penas de los ya condenados, y los de los futuros juicios. En ninguno de los trámites por los que pasó la ley, en el Ministerio de Igualdad, en el Consejo de Ministros, en el Parlamento y en los órganos consultivos, Consejo General del Poder Judicial y Consejo de Estado, se detectó la ausencia de la disposición transitoria que tenía que haber regulado las consecuencias de la aplicación de la ley.

A esta incompetencia de los letrados de la cámara, de los diputados de los diversos partidos y de los órganos institucionales, hay que añadir la arrogancia de la máxima impulsora de la ley, la ministra de Igualdad, que ni siquiera es licenciada en Derecho, que rechazó con desprecio la advertencia del informe del CGPJ del riesgo de que se alteraran las penas con las revisiones de condena. La hemos visto en la televisión asegurando enfáticamente que ningún condenado vería disminuida su pena.

Pero lo que resulta más escandaloso es que tanto la ministra Montero, como la Delegada de Violencia de Género, Victoria Rosell, como la Secretaria de Estado Ángela Rodríguez, se han manifestado airada y públicamente contra los jueces que están procediendo a revisar las condenas por agresiones sexuales, a petición de los abogados en defensa de sus clientes, como es obligado.

Lo más insólito e inaceptable de las interpretaciones con que nos ha obsequiado la señora Rosell, es decir que lo que había que cambiar eran las sentencias anteriores porque no se habían tenido en cuenta determinadas agravantes. Nos resulta incomprensible que esa señora haya sido magistrada durante varios años, cuando propone cambiar la prueba de un proceso que ya tiene sentencia firme.

Nos indigna la utilización del feminismo, en esa acusación de machismo que repiten Montero y Rosell contra los jueces, que no demuestra más que el deseo de encubrir sus equivocaciones con fáciles ataques a los encargados de cumplir la ley, y que por su torpeza desprestigia a las feministas y a la lucha que hemos seguido durante siglos por hacer este país más justo.

Ciertamente, sólo cuando el Ministerio de Igualdad –que debería llamarse de la Mujer- deje de estar bajo la potestad de Podemos y de las ignorantes y fanáticas que lo administran, podremos tener esperanza de que se trabaje a favor de las mujeres, utilizando el feminismo con conocimiento, precisión y responsabilidad.

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