La denuncia de la Asociación Nacional del Menor Tutelado ante los eurodiputados del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, Cristian TerheÈ™, miembro de la Mesa por Rumanía, Pietro Fiocchi por Italia y la española Margarita de la Pisa de Vox, ha puesto de nuevo el ojo sobre una cuestión conocida en España, pero incómoda para la clase política: las taras del Sistema de Protección a la Infancia.

El presidente de la Asociación Nacional del Menor Tutelado, Pepe Maldonado, y la delegada nacional Toñi Moreno, han descrito el periplo que siguen los menores tutelados, una vez que se produce la declaración de desamparo y son retirados a sus familias.

«Denunciamos que los menores son tutelados en España con informes falsos, manipulados, tergiversados y con ocultismos elaborados dentro de los servicios sociales españoles, así como dentro de los Equipos Psicosociales y de Violencia de Género de los Juzgados».

Toñi Moreno explica que llevan años denunciándolo con pruebas, en las instituciones españolas, no solo en los Servicios Sociales, sino igualmente a todos los partidos políticos en España, sin excepción, partidos de derecha, izquierda, liberales, centristas, nacionalistas y regionalistas que son conocedores de la situación y la tapan, y los jueces son participes y beneficiados de esta corrupción.

  Asimismo, asegura que la Fiscalía española es conocedora de esta barbarie y este genocidio viviente de menores, con quien han mantenido varias reuniones y a la que han entregado pruebas en mano hace más de cinco y años y no sabemos nada sobre esa denuncia, muchos jueces son participes de esta corrupción.

Respecto a los informes presuntamente falsos, la organización denuncia que «son elaborados por psicólogos que además no cumplen las leyes profesionales para ejercer la profesión y que lo hacen sin estar colegiados y, por lo tanto, sin estar sometidos a ningún tipo de control, incumpliendo sentencias del Tribunal Constitucional español que les obligan a estar colegiados, pero no lo están, por lo que los informes que elaboran son nulos de pleno derecho».

De nuevo, en este caso, manifiesta que «si bien, instituciones españolas, incluida Fiscalía y juzgados son conocedores de esta situación nula de pleno derecho, sin embargo, sus resoluciones no ponen de manifiesto esta nulidad, sino que la validan a pesar de ir contra la Constitución Española».

Un suculento negocio con fondos europeos
Otra de las cuestiones que la Asociación Nacional del Menor Tutelado ha puesto de relieve es que «en España hay un suculento negocio dentro de los Servicios Sociales, sostenido con dinero procedente de la Unión Europea y de los impuestos que pagan los ciudadanos Europeos». Por ello ha implorado «encarecidamente» a los eurodiputados presentes: «no dejen que sus Gobiernos sigan dando dinero a España para sostener este genocidio viviente de menores, ya que, como todo en la historia, esta barbarie acabará conociéndose y los ciudadanos europeos no tendrán sitio donde esconderse de la vergüenza que sentirán cuando descubran que su dinero ha servido para sostener esto».

Al tiempo, consideran que la solución no está, «como se está haciendo creer a las instituciones europeas, en que los niños vayan a Centros de Acogida, sino que vayan a familias de acogida, y que así se evitarían las violaciones».

Creen que «la solución está en investigar toda esta barbarie y negocio que
hay detrás de los informes falsos que acaban con la tutela de menores injustamente y arrebatados a sus familias, así como desarraigados de su entorno de la forma más cruel, donde premia el dinero que Europa destina a este desarraigo del menor de su familia, dejando desamparado y abandonado a su suerte al menor. Hablamos de menores sin futuro ni proyecto de vida, más que el dinero que España recibe de Europa por tutelarlos y en muchos casos violados».

Por todo ello han pedido al Parlamento Europeo una investigación a fondo, «que debe realizarse hablando con los afectados, con las asociaciones de todo signo que aportarán todas las pruebas aportadas hace años en la Fiscalía española y que Europa desconoce».

También exigen el cierre de todos los Centro de Acogida en España que no sean necesarios y la devolución a sus familias de todos los menores tutelados, «no solo los que están en los Centros de Acogida, sino los que están en las familias de acogida y que sólo en aquellos casos realmente justificados con pruebas veraces los
menores vivan en el Centro de Acogida o con familia de acogida».

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