La monarquía española está en problemas. Si bien el más grave es que Juan Carlos I no puede entrar en España sin despertar indignación, los temores de la Casa Real, cada vez más fundados, es que esa indignación se traslade al actual monarca, Felipe VI.

Juan Carlos abdicó en 2014 tras una serie de escándalos que iban desde dispararle a un elefante en un safari de lujo hasta extorsionar a su ex amante, Corinna Larsen, para que le devolviera 65 millones de euros de un generoso regalo saudí que él le había dejado. Si bien estos affaires eran pecata minuta respecto al origen fascista de la restauración de la monarquía borbónica, sin duda fueron acontecimientos que colmaron el vaso.

En aquella época, el Centro Nacional de Inteligencia, que se ha convertido en la guardia personal de la Casa Real, puso en marcha la Operación Don Felipe, un plan de contingencia iniciado entre 2012 y 2013 que preparó el camino de la abdicación y la asunción de Felipe VI como Rey en previsión de que la indignación social de aquella época pusiera en la diana a la monarquía. Está claro que el nerviosismo del espionaje español respecto a la sostenibilidad de la Corona se incrementa cuando hay río revuelto en la economía y en la estabilidad.

Ahora Juan Carlos está exiliado en Abu Dhabi, pero cuando visitó España el mes pasado después de pagar tarde sus impuestos, el gobierno ni siquiera le permitió quedarse en el palacio real. Los círculos íntimos de la Casa Real reiteran cada vez que pueden que Felipe está desesperado porque esa indignación no se contagie a su figura.

Con el reféndum de autodeterminación de Cataluña de 2017, Felipe quiso tener su propio «23-F», en el sentido de reivindicarse como líder espiritual de la nación, pero la operación fue un fracaso. A ojos de observadores internacionales, el Jefe del Estado no estaba más que presumiendo de los porrazos y brechas que las fuerzas de seguridad españolas repartieron por toda la geografía catalana, y terminó siendo más rechazado que antes.

El caso es que en los despachos oficiales y círculos de inteligencia parecen haber puesto fecha a una eventual crisis institucional que va a obligar a la familia real a dejar paso a otra forma de gobierno. No hace falta ser un lince para advertir que España está abocada a la revuelta; pero la pregunta es si ante una inestabilidad social y económica la monarquía caerá defenestrada o mediante la salida negociada.

Desde al menos 2017, en las grandes empresas españolas se habla y se estudia la caída de la monarquía lusa de los Braganza. Partidos y empresas han solicitado informes sobre la situación económica y social que precipitó la caída del Rey Manuel Segundo de Braganza en 1910, y que desembocó en la proclamación de la República de Portugal con un primer presidente, Teófilo Braga, que fue derrocado por un golpe militar.

El Financial Times también publicó este verano un negro augurio para los Borbones, comparando su futuro con las caídas de las monarquías italiana (1946) y griega (1974). Parecería ser que los servicios de inteligencia trabajan en un esquema como el portugués, donde la Casa Real no ostenta el trono pero interviene en las principales empresas del pais y aparte tiene presencia vitalicia en el Consejo de Estado.

Las recientes declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, advirtiendo de un «golpe de Estado» en 2024 no son una simple ocurrencia. Que una palurda como Ayuso esté a cargo de una administración pública de tal envergadura (algo cada vez más habitual en España) refleja que esta clase de cargos transmiten lo que oyen en los centros económicos que los dirigen, por lo que la caída de Felipe VI en esa fecha es algo más que un simple rumor.

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