La mayoría conservadora del Tribunal Constitucional (TC) se ha vuelto a imponer. Dos días después de suspender la tramitación parlamentaria de la reforma impulsada por el Gobierno para renovar ese mismo órgano, el tribunal se ha reafirmado en su decisión al rechazar las alegaciones que había presentado el Senado y a las que se había adherido el Congreso.

La Cámara Alta había registrado un escrito en el que solicitaba al Constitucional que se pronunciara antes de este jueves, cuando está previsto el debate y votación en el Pleno de la reforma del Código Penal que incluía las dos enmiendas del PSOE y Unidas Podemos. Los bloques que el pasado lunes se pronunciaron sobre las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP se han mostrado inamovibles también este miércoles: seis votos de la mayoría conservadora a favor de mantener la suspensión frente a los cinco de la minoría progresista.

 Una vez más, en esta votación han participado los 11 integrantes del TC, es decir, el presidente del órgano, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez tampoco se han apartado esta vez. El Senado así lo había pedido, solicitud que había sido respaldada por la Fiscalía del tribunal, si bien el Pleno del órgano no ha llegado ni siquiera a debatir este asunto, tal y como han explicado fuentes del tribunal.

Desde el sector progresista del Constitucional explican que sus compañeros no han dado opción a debatir las recusaciones planteadas, a pesar de que los que las han reclamado ya son partes personadas en el procedimiento. De este modo, el planteamiento de que González-Trevijano y Narváez se debían apartar se ha desestimado sin más con la misma proporción de votos.

La batalla del Gobierno por forzar la renovación del Constitucional y cambiar la mayoría de este órgano a favor del sector progresista avanzará ahora por otros cauces, aunque la decisión del TC se enfrenta aún a otros escritos y alegaciones. El Ejecutivo lleva toda la semana valorando medidas que garanticen la renovación del tribunal, que mantiene ejerciendo en funciones a cuatro de sus miembros desde junio, y anunció el martes a última hora la estrategia que se plantea seguir a partir de ahora.

Así, los partidos que conforman el Gobierno de coalición presentarán una proposición de ley que recogerá el texto de las enmiendas frustradas. La iniciativa incluirá la rebaja de la actual mayoría de tres quintos necesaria para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombre candidatos al Constitucional -que junto al Ejecutivo le corresponde designar ahora a varios magistrados- y eliminará la potestad del tribunal para dar el visto bueno a las personas escogidas.

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