PP y Vox exigen a Ximo Puig que aclare las cuentas de la ONG vinculada a Ábalos

Una ONG de la que Ábalos formó parte entre 1992 y 1998, que usa un local del que es copropietario el exministro de Transportes y que actualmente cuenta en su patronato con exfamiliares y amigos del exsecretario de Organización del PSOE

Pedro Sanchez, Ximo Puig

En plena polémica por el caso Azud, aumenta la presión sobre Ximo Puig por la opacidad de las cuentas de la fundación vinculada al exministro de Transportes José Luis Ábalos y otros políticos relacionados con el PSOE valenciano. Diputados de la oposición han registrado en las Cortes valencianas varias iniciativas para exigir al Gobierno autonómico que aclare el paradero de los 4,9 millones de euros en subvenciones públicas que la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso) recibió entre 2004 y 2015.

El objetivo de la oposición es esclarecer si la Generalitat Valenciana ha iniciado ya las acciones judiciales que autorizó hace seis meses para depurar responsabilidades por las deficiencias detectadas en las cuentas presentadas desde el año 2011 por esa organización. Una ONG de la que Ábalos formó parte entre 1992 y 1998, que usa un local del que es copropietario el exministro de Transportes y que actualmente cuenta en su patronato con exfamiliares y amigos del exsecretario de Organización del PSOE .

En un escrito registrado este jueves ante las Cortes,  el Partido Popular (PP) solicita al Gobierno autonómico de Ximo Puig copia de todas las comunicaciones, actuaciones e informes realizados por la Abogacía del Estado en relación al procedimiento de extinción judicial de Fiadelso.

Como adelantó este diario, ante la negativa de la organización a responder a los requerimientos para subsanar las deficiencias detectadas y explicar por qué no presenta cuentas desde el año 2016, la Consejería de Justicia instó en julio a la Abogacía de la Generalitat a que proceda a la extinción de Fiadelso «mediante el correspondiente procedimiento judicial» y le autorizó a exigir responsabilidades a sus patronos, en caso de ser necesario.

En su escrito, la portavoz del PP valenciano en las Cortes, María José Catalá, solicita también copia «de cualquier comunicación» efectuada entre la Abogacía de la Generalitat, el Protectorado de Fundaciones y la Autoridad Judicial en relación a Fiadelso. Asimismo, el principal partido de la oposición en el parlamento autonómico exige al Gobierno de Puig que entregue copias de todas las comunicaciones mantenidas con la Agencia Valenciana Antifraude y con la propia Fiadelso.

Los documentos solicitados por el PP valenciano no son la única iniciativa parlamentaria registrada este jueves en relación a Fiadelso, organización que también tiene entre sus fundadores a uno de los principales investigados por el caso Azud, el histórico abogado del PSOE José Luis Vera. Nombrado por Ximo Puig como jefe de los servicios jurídicos de la empresa pública Divalterra en 2015, Vera es uno de los principales implicados en una pieza separada en la que se investiga la presunta financiación ilegal de los socialistas valencianos en las elecciones de 2007.

Una supuesta trama corrupta para la adjudicación de contratos públicos, mediante el pago de comisiones y mordidas por parte de empresas al PSOE de Valencia, según un reciente informe de la Guardia Civil.

El diputado autonómico José Antonio Martínez Ortega, exintegrante de Ciudadanos y actualmente en el grupo de diputados no adscritos, también ha registrado una batería de preguntas al Consell para esclarecer si la Abogacía de la Generalitat ha iniciado ya el procedimiento judicial para proceder a la extinción de Fiadelso y depurar responsabilidades entre los integrantes de esa ONG por no haber subsanado las deficiencias contables detectadas.

También solicita aclarar si se ha realizado alguna auditoría para determinar adónde han ido a parar los fondos sobre los que se detectaron irregularidades en las cuentas de Fiadelso, y si esa organización ha recibido alguna subvención de la Generalitat desde que en 2016 dejó de presentar sus cuentas anuales.

 Fuentes cercanas a Vox, también han expresado a este diario su intención de pedir explicaciones al Gobierno de Ximo Puig sobre Fiadelso. La organización vinculada a Ábalos ha vuelto a estar en el ojo del huracán después de que este diario revelase que el Gobierno de Pedro Sánchez, tras un año de silencio, se ha declarado no competente para responder a las peticiones de información sobre Fiadelso registradas hace ya un año en el Senado por dos miembros del Grupo Mixto. Los senadores Emilio Argüeso y Ruth Goñi pidieron en diciembre de 2021 al Ejecutivo esclarecer «en qué se ha invertido/gastado el dinero de la Fundación» y solicitaron «una auditoría de cuentas de Fiadelso».

Después de doce meses de silencio del Gobierno, el pasado 14 de diciembre, ambos senadores enviaron una petición a la Mesa de la Cámara Alta para que sus cuestiones sobre Fiadelso fuesen planteadas como pregunta oral en la comisión correspondiente del Senado.

Esta vez, y tan solo un día después, el Ejecutivo respondió desentendiéndose de la situación de la fundación impulsada por el exministro y exsecretario de organización del PSOE. «Se informa que la citada fundación está inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana. No es competencia del Protectorado de Fundaciones de competencia estatal», indica el Gobierno en su respuesta del 15 de diciembre. Las miradas ahora, apuntan al Gobierno autonómico de Ximo Puig, en plena tormenta política por el caso Azud.

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