Uno de los proveedores del PSOE valenciano confirmó ante la juez que desde el partido le pidieron que facturara el material audiovisual producido para la campaña de las municipales de 2007 a una de las empresas utilizadas por el presunto cabecilla del caso Azud. Así consta en la declaración como testigo ante la Guardia Civil y la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia del entonces responsable de Metrofilms, una mercantil especializada en la realización de trabajos de este tipo.

Parte de la firma audiovisual era propiedad de Contexto Moda y Comunicación, la compañía a la que los socialistas contrataron para que les asesorara de cara a la campaña de los comicios en los que Carmen Alborch quiso disputar la vara de mando a Rita Barberá.

En la comparecencia producida en octubre, el hasta ese mismo año socio y administrador de Metrofilms explicó que «realizó un seguimiento audiovisual diario de la actividad electoral de Carmen Alborch», así como «varias piezas audiovisuales con el material rodado durante toda la campaña», «un spot en la universidad con la propia Alborch y con varios voluntarios» y «un video musical» relacionado con esa cita con las urnas, que se celebró el 27 de mayo de 2007.

  Los honorarios ascendieron a 141.923,68 euros, una cifra que M.R.P. facturó a nombre del PSOE. El autor de los vídeos relató que acudió entonces, junto al responsable de administración de Contexto Moda y Comunicación a la sede de los socialistas valencianos para presentar el recibo, un extremo que este último negó ante la juez. Allí se reunieron con «un cargo» del partido, que les pidió «cambios», tanto en el cliente como en el concepto de la nota: tenía que ir dirigida a Gigante Edificaciones y Obras.

Según los investigadores de la UCO, el Grupo Axis de Jaime Febrer –el promotor inmobiliario en el centro de la trama– utilizó esta sociedad interpuesta para abonar 484.480 euros a firmas de publicidad que trabajaban con el PSOE en 2007, como comisión a cambio de actuaciones administrativas a su favor. Un dinero que la Guardia Civil sostiene que los socialistas no justificaron como gastos electorales.

Así habría ocurrido en el caso de Metrofilms. Además, siempre según el relato de M.R.P., la denominación de los trabajos no debía hacer alusión a Alborch y se modificó. Gigante la pagó tres días después de las elecciones bajo el concepto «Elaboración de guion, producción y edición de video industrial».

Al exadministrador de Metrofilms «no le pareció extraño», pues «no tenía conocimiento sobre la vinculación que podría existir» entre Gigante y la formación política. Él lo que quería era «cobrar los trabajos para cumplir sus obligaciones económicas con sus proveedores». Aunque en un principio no recordaba el nombre de la persona con la que se reunió en la sede de Blaquerías, sí que reconoció ante la instructora en una fotografía al –entre 2000 y 2012– gerente del PSPV, Francisco Martínez.

Como informó este periódico, el propio Martínez admitió este 'modus operandi' ante la magistrada y señaló al extesorero socialista Pepe Cataluña como el artífice de la caja 'B' en el partido en 2007. Pese a que había dejado el cargo orgánico tres años antes, Cataluña «tenía la capacidad» para contratar y «sabía que esos trabajos no los iba a pagar el partido sino cualquier otra empresa».

Fue también, según el trabajador, quien le dio instrucción para que se emitiesen las facturas a nombre de Gigante: Cataluña «decía cómo, cuándo y de qué forma había que cobrar». De hecho, el ya exsecretario de Finanzas «siguió asesorando» a la Ejecutiva de la formación tras saltar a Bancaja.

En esa línea se pronuncia la juez de Instrucción número 13 en un auto fechado a principios de diciembre. Pepe Cataluña «seguía obteniendo recursos económicos de financiación necesaria para el partido y habría cobrado para él parte de los sobornos acordados como consecuencia de las adjudicaciones predeterminadas de obras públicas [...] relacionadas con empresas públicas de titularidad estatal –como Acuamed– en el ámbito del gobierno nacional, habiendo obtenido la mayoría necesaria para gobernar el partido socialista».

Es decir, la magistrada apunta a que el PSPV se sirvió de que el partido gobernaba a nivel estatal, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo central, para obtener fondos de forma irregular. De hecho, uno de los puntos claves de toda la investigación es la adjudicación en 2007 del tramo E del trasvase Júcar-Vinalopó a la UTE formada por Acciona y Construcciones Luján por 46,1 millones de euros. Un trámite que se realizó a través de Aguas del Júcar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente que dirigía Cristina Narbona.

Las evidencias, afirma la instructora, indican que los responsables de la empresa pública y de las mercantiles de la UTE se reunieron con José Luis Vera –un abogado vinculado a los socialistas que habría actuado como enlace– y el propio Cataluña, cuyo objetivo era «canalizar el abono de la comisión hacia el PSOE, conforme a la documentación manuscrita de su agenda personal».

En esta pieza separada con nueve imputados, se investigan los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, fraude en la contratación, blanqueo y organización criminal. El de financiación ilegal de partidos no existía y el delito electoral estaría ya prescrito.

El líder del PSPV y presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, defendió ayer que «tener una reunión con un empresario no es símbolo de corrupción» y aseveró que «no hay nada que acredite en estos momentos que haya habido ningún tipo de desviación ni de poder ni de dinero» desde su Gobierno.

Declaraciones realizadas tras ser preguntado por los periodistas por los supuestos encuentros que el empresario imputado Enrique Gimeno mantuvo entre 2015 y 2019 con altos cargos autonómicos o con la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco.

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