El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado este viernes iniciar los procedimientos para retirar las condecoraciones y recompensas policiales que hubieran podido recibir en el pasado agentes de Policía y Guardia Civil en la dictadura franquista, incluidas las de Antonio González Pacheco, conocido como Billy El Niño, a título póstumo. Además, creará una comisión que tiene por encargo reformar la ley de Asociaciones y eliminar símbolos franquistas.

Marlaska ha dado esta orden en consecuencia de la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor el 20 de octubre, y que, en su artículo 42, ordena la revisión y revocación de cualquier condecoración y recompensa concedida a quienes incurran en situaciones de este tipo.

La orden dada por el ministro también se extiende a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y al resto de las direcciones generales del ministerio, en cuyos máximos responsables delega Marlaska la responsabilidad de incoar los procedimientos de revisión de oficio y de revocación en su caso de las condecoraciones y recompensas afectadas por lo dispuesto en la Ley de Memoria Democrática.

SE CREA UNA COMISIÓN DE ESTUDIO
Además de la revisión de las condecoraciones policiales, Marlaska también ha dispuesto la creación de una Comisión de Estudio y Análisis sobre la aplicación y los efectos de la Ley de Memoria Democrática en los ámbitos competenciales del Ministerio.

Entre otros aspectos, esta comisión preparará una reforma de la ley de Asociaciones, para incluir como causa de disolución o de revocación de su declaración de utilidad pública la realización pública de apología del franquismo con menosprecio y humillación de la dignidad de sus víctimas o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas.

La comisión también revisará el proceso de retirada y eliminación de símbolos y elementos contrarios la memoria democrática que aparezcan ubicados o colocados en edificios ocupados por centros y unidades dependientes de este ministerio.

Asimismo, establecerá las condiciones que permitan garantizar y facilitar el derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos, así como a la consulta de documentos sobre el golpe de Estado, la guerra y la dictadura franquista que pudieran estar bajo custodia o conservación del Ministerio del Interior.

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