Una gran parte de la sociedad española asiste con profunda preocupación y rechazo a la deriva política en la que está inmersa España. Las alarmas han saltado definitivamente con los ataques indiscriminados al Tribunal Constitucional y con la última modificación legislativa para hacer un Código Penal a la medida de los responsables del golpe de Estado de octubre del 17.

La alteración del Código Penal al dictado de los propios transgresores, eliminando el delito de sedición y rebajando hasta el ridículo las penas por malversación de los políticos, es propia de una democracia que se asoma al abismo de su fracaso.

Más aún si ése es sólo el último acto de una sucesión de acontecimientos que deben ser aquí recordados para tomar conciencia de la gravedad de la situación: Se han dado todos los pasos para resolver el horizonte penal de los delincuentes nacionalistas vinculados a los partidos socios del Gobierno: los condenados por sedición han sido indultados y los presos de ETA salen a la calle por la puerta de atrás, trasladándolos al País Vasco una vez se ha cedido la competencia de prisiones al Gobierno autonómico. 

 Al mismo tiempo, se colonizan instituciones y corporaciones con simpatizantes y miembros del partido, alterando el juego de equilibrios y contrapesos necesario para el correcto funcionamiento de la democracia. Por poner sólo algunos ejemplos: se nombra fiscal general del Estado a una diputada socialista y ministra del Gobierno, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas a un miembro de la ejecutiva socialista, directora de RTVE a una persona claramente afín al partido; se cesa a la directora general del CNI, al presidente de la Agencia EFE, al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid o se fuerza la dimisión del director del Instituto Nacional de Estadística por no plegarse en el ejercicio de sus funciones a los intereses del Gobierno.

La lista sería interminable, pero debe destacarse, por su gravedad, el último hito de esta invasión partidista de las instituciones: el asalto al Tribunal Constitucional, donde el Gobierno ha designado como magistrados a otro exministro y a una directora general de su total confianza. 

 Este proceso colonizador se suma a la limitación de funciones, la presión o la deslegitimación constante de las instituciones u organismos que puedan ejercer la necesaria función moderadora o de contrapeso, desde la Monarquía hasta el Poder judicial, pasando por el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Banco de España. 

 Para cerrar el círculo, desde el bloque gubernamental y sus socios se menoscaba el control parlamentario; se ha batido el récord en el uso del Real Decreto Ley ...y un centenar de asociaciones cívicas desde que fue aprobado por la Constitución, se abusa de los mecanismos de urgencia en la tramitación de leyes, se evita la habitual y más garantista vía del proyecto de ley, se evitan los informes preceptivos o se pretende hurtar todo debate sobre asuntos esenciales al introducir decisivas modificaciones legislativas mediante enmiendas totalmente ajenas al objeto de las leyes en las que son introducidas. 

 Este conjunto de nocivas actuaciones para la salud de nuestro sistema democrático ni son hechos aislados ni pueden deberse exclusivamente a la simple compra de apoyos parlamentarios: son demasiado graves, generan demasiado escándalo y acarrean demasiado coste para el propio Gobierno como para entenderlos como mero mercadeo político.

Interpretadas en su conjunto revelan que estamos ante algo notablemente más grave: hay en marcha un plan de mutación constitucional que se mantiene oculto a los ojos de la ciudadanía y que está siendo acordado con los representantes del llamado socialismo del siglo XXI, los nacionalismos secesionistas y los herederos del discurso del terror de ETA.

Conscientes de la falta de apoyo popular para obtener las mayorías necesarias para modificar la Constitución, se pretende un cambio constitucional por otros medios; la tergiversación e interpretación ideológica de la Constitución, la presión a los tribunales, el control partidista de las instituciones y las vías de hecho. Este plan está corroyendo nuestra democracia, socavando nuestras instituciones y dividiendo a la población y, si no conseguimos detenerlo, desembocará en una democracia defectuosa e incompleta y en una España desprestigiada, decadente y menguada. 

 Conviene recordar que los españoles en noviembre de 2019 no votamos lo que está sucediendo. El Partido Socialista concurrió a las elecciones asegurando que no daría entrada en el Gobierno a los populistas, dejó bien claro que nunca sostendría la gobernabilidad en quienes desde la Generalitat acababan de articular un golpe de Estado, se comprometió a permitir el íntegro cumplimiento de las condenas de los sediciosos, a no pactar con Bildu, heredero directo del brazo político de ETA, y a hacer de la lucha contra la corrupción y por la regeneración democrática dos de sus principales objetivos. Una mayoría de españoles dieron su voto al Partido Socialista bajo esas premisas, no para que hiciera exactamente lo contrario. 

No se trata de izquierdas, derechas o centro. Se trata de no permanecer impasible ante la grave erosión de nuestras instituciones, el deterioro de nuestra democracia y el debilitamiento de nuestro Estado. Se trata de defender la democracia, la Constitución y, en último término, la España de ciudadanos libre e iguales en derechos que quiere una gran mayoría de españoles.

Diversos ejemplos a lo largo de la historia y, actualmente, la experiencia hispanoamericana, nos demuestran que los regímenes democráticos pueden mutar a populismos colectivistas en los que la esencia de la democracia liberal es desmantelada.

No se necesita un golpe de Estado militar o violento para convertir nuestros sistemas en una mera formalidad democrática, vacía de un auténtico contenido, sistemas en los que la separación de poderes, el imperio de la ley, los ...y un centenar de asociaciones cívicas derechos fundamentales y la libertad de empresa se ven comprometidos hasta convertirse en meras caricaturas.

La democracia no es el estado natural de la sociedad y no triunfará si las sociedades que se benefician de ella no se articulan en su defensa ante las amenazas que la acechan. Por eso, llamamos a la sociedad civil y a los partidos comprometidos con el orden constitucional y la soberanía indivisible de la Nación a unirnos activamente para conjurar ese peligro y detener el deterioro de nuestra democracia, el desprecio a nuestra Constitución y el riesgo de una España balcanizada y disminuida, sin fuerza para defender los verdaderos intereses de sus ciudadanos. Os esperamos el día 21 de enero a las 12:00 horas en la Plaza de Cibeles de Madrid.

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