El 27 de enero de 2023, la alianza Denunciantes del Autoritarismo Judicial ha interpuesto una denuncia ampliatoria contra el Gobierno, al Tribunal Supremo y a la Comisión europea.

La denuncia anterior fue remitida el 11.11.2022 y la Comisión Europea la dio curso el 25.11.2022, tras su registro como Ares(2022)8174536, en la Unit F.3 – Economies of the Member States I (Croacia, Spain) del Directorate general for Economic and Financial Affairs de la Comisión Europea”. Este es un hecho inédito porque nunca antes la Comisión Europea había investigado una denuncia contra un Gobierno.

El Tribunal Supremo todavía ni siquiera ha notificado su registro e incoación.

En la denuncia se solicita que se ofrezca la oportunidad de personarse como perjudicados a todos los gobiernos de los países miembro de la Unión Europea, estableciendo una nueva vía de control del Gobierno.

En esta denuncia ampliatoria, se denuncian los delitos derivados de varios nombramientos de ministros, de magistrados en el Tribunal Constitucional, de la Fiscal General del Estado, de la presidenta del Consejo de Estado y del Presidente del CIS.

Se denuncia la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial y el impulso del Gobierno y del Parlamento a la criminalidad común e institucional, así como la criminalización de los jueces.

También se denuncia la corrupción legislativa y ejecutiva en los fondos europeos. Se denuncian los delitos referentes a las transposiciones de directivas de la Unión Europea, tanto en su aprobación como en las coacciones al Parlamento y a otras instituciones para su ilegal aprobación, con usurpación del Gobierno.

Se denuncian más falsedades documentales, en reales decretos, en datos del desempleo y en datos de afiliados a la Seguridad Social.

Se denuncia el enriquecimiento por subvenciones a fondo perdido para la financiación en la adquisición de viviendas destinadas a lo que el Gobierno llama alquiler social.

También se denuncia la falta de transparencia del Gobierno que es una prueba de la evidencia de la criminalidad del Gobierno. Nunca ha habido un Gobierno con tanta opacidad.

Se denuncia que el Parlamento no ha cumplido la ley, ejerciendo su obligatorio control al Gobierno, permitiendo la corrupción y el totalitarismo de éste.

El último capítulo relaciona la malversación hacia los catalanes.

Además de los miembros del Gobierno, se denuncia a los siguientes altos funcionarios: Mercedes Cabrera Orejas como Directora General de Relaciones con las Cortes (DGRC), Rafael Simancas Simancas como Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Meritxell Batet Lamana como Presidenta del Congreso de los Diputados, Laura Díez Bueso como Directora General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de Presidencia y como Magistrada del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo Moreno como Magistrado del Tribunal Constitucional, además de como miembro del Gobierno, Dolores Delgado García como Fiscal General del Estado, Jaume Asens Llodrá, Diputado del Congreso, y José Félix Tezanos Tortajada, Director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Como la denuncia anterior, esta ampliatoria se ha enviado con copia visible a decenas de Diputados del Congreso, que también han sido informados de la investigación en la Comisión Europea de la denuncia anterior.

También referimos las recientes actuaciones en el Pleno del Parlamento Europeo contra el Gobierno de España.

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