La Audiencia Provincial de Palma (Mallorca) denegó este martes la petición de la Policía para expulsar de España a la veintena de inmigrantes ilegales encausados por forzar el aterrizaje de emergencia de un avión que se dirigía hacia Túnez en noviembre del 2021. Uno de los inmigrantes implicados, el cabecilla de la trama –Yassine Jaouhari–, que ha logrado además un permiso para vivir en Madrid, celebró la decisión a la salida de la Audiencia al grito de «¡viva Pedro Sánchez!».

La Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) había solicitado autorización al Tribunal para la expulsión de los inmigrantes detenidos, una petición a la que se adhirió la Fiscalía, mientras que las defensas se opusieron. La petición policial derivaba de los acuerdos de devolución dictados por la Delegación del Gobierno.

El primer jarro de agua fría a los agentes tuvo lugar en enero, cuando la sección primera de la Audiencia Provincial dejó en libertad provisional a los inmigrantes ilegales procesados tras la reforma del delito de sedición.

 Los 22 inmigrantes quedaron en libertad provisional, aunque la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares solicitó en tiempo y forma la retirada de sus pasaportes y el internamiento de los sujetos en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE), donde con posterioridad solicitaron asilo para paralizar su inminente proceso de expulsión.

En primera instancia la Fiscalía solicitó una pena de hasta cinco años para cada uno de los detenidos que protagonizaron el aterrizaje de emergencia y la posterior huida el 5 de noviembre de 2021, cuando un grupo de inmigrantes marroquíes previamente organizados forzaron el aterrizaje del vuelo MAC437 de la compañía Air Arabia Maroc que había partido desde Casablanca (Marruecos) y tenía fijado su destino final en Estambul (Turquía) tras fingir un coma diabético a bordo.

Un peligroso precedente
Tras el varapalo, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) advirtieron que dicha decisión podía provocar un «efecto llamada» hacia la aplicación de este modus operandi para acceder ilegalmente territorio español.

Ahora los agentes consultados señalan que esta última decisión podría crear un «peligroso precedente», ya que entienden que el «efecto llamada» en Marruecos podría verse aumentado al entenderse una total sensación de impunidad entre los jóvenes que puedan tener conocimiento de la última actualización judicial a través de la prensa marroquí.

«El Estado no ha querido devolver o tratar de devolver de manera más o menos inmediata a los extranjeros que accedieron de manera ilegal al país, sino que ha decidido que permanezcan en nuestro país para responder de las consecuencias del presunto delito que se les atribuye», ha señalado el auto de la sección primera de la Audiencia Provincial, en una información que avanzó Diario de Mallorca.

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