ALIANZA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Denuncia que no se corrigen las gravísimas asimetrías que viven los whistleblowers
No se corrigen las gravísimas asimetrías que viven los whistleblowers –alertadores de corrupción-, sino que se recrudecen. La futura ley, tal y como quedó aprobada, es un decepcionante bodrio de la citada Directiva
El día de ayer 16 de febrero, el Congreso de los Diputados, aprobaron la Ley de
protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de
lucha contra la corrupción.
Una Ley, que desde nuestra perspectiva y experiencia, resulta bastante deficiente y
pobre, respecto a la Directiva Europea 1937/2019, relativa a la protección de
personas que informen de infracciones al Derecho de la Unión.
Entendemos que bajo el nuevo marco legal en el reino de España, no solamente no se
corrigen las gravísimas asimetrías que viven los whistleblowers –alertadores de
corrupción-, sino que se recrudecen. La futura ley, tal y como quedó aprobada, es un
decepcionante bodrio de la citada Directiva.
Por tal motivo, queremos denunciar que esta Ley, incumple con los parámetros
internacionales. Aprobada mal y tarde para evitar las posibles sanciones económicas
por sus dilaciones indebidas. Recientemente, la Comisión Europea, inició un
expediente sancionador por incumplir los plazos para incorporar a la legislación
nacional la Directiva europea sobre la protección a los denunciantes que
informen sobre corrupción o fraudes.
Destacar que, desde la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, se nos
informó que la Directiva (UE) 2019/1937 establece unas "normas mínimas" que
garantizan un "elevado nivel de protección" de las personas que informen sobre
infracciones del Derecho de la Unión en una serie de "ámbitos políticos clave".
Además, "establece canales de denuncia eficaces y ampliamente disponibles y una
sólida protección de los denunciantes frente a las represalias". Y estos principios se
quebrantan con la nueva Ley.
Algunas de las lagunas principales de la Ley:
Una de las deficiencias de la ley, es que no reconoce la protección a
organizaciones de la sociedad civil, lo que aboca al denunciante a la
soledad, desincentivando a la ciudadanía que quiere hacer lo correcto.
La ley recién aprobada no reconoce algunas de las solicitudes básicas de
los denunciantes y ofrece ayuda económica, psicológica y jurídica solo en
casos “excepcionales”.
No reconoce a la sociedad civil su papel de control de la gestión pública. No
ofrece un sistema integral para luchar contra la corrupción, para que la
sociedad pueda intervenir de forma eficiente y eficaz .
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