La jueza del 'caso Mediador' ha acordado mantener en prisión al general de la Guardia Civil Francisco Espinosa para "garantizar el acceso a determinados medios de prueba que podían verse perjudicados" si se aprobase su puesta en libertad.

En un auto, la titular del Juzgado de Instrucción Número 4, Ángeles Lorenzo-Cáceres, desestima la petición de la defensa de Espinosa, que solicitaba que se le concediera la libertad provisional.

La magistrada, sin embargo, deniega esta pretensión poniendo en valor "la naturaleza del presunto delito cometido, la pena que pudiera corresponderle, las circunstancias del hecho y los antecedentes del imputado".

La instructora busca de esta forma "garantizar la eficacia de la investigación procesal y la disponibilidad del imputado a los llamamientos judiciales". Además, recuerda que esta medida fue acordada "con la finalidad de garantizar el acceso a determinados medios de prueba que podían verse perjudicados para el supuesto en que no se hubiera adoptado" la misma.

"Así se desprende incluso de los oficios policiales presentados por la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil. En congruencia con ello por la unidad policial se ha llevado a cabo una ingente actuación dirigida a la obtención de aquellos medios probatorios que justificaban la solicitud que hoy el Ministerio Público ratifica en el presente informe", explica la jueza.

LA FISCALÍA VE UN "RIESGO REAL DE DESTRUCCIÓN" DE PRUEBAS
En concreto, la magistrada se refiere al escrito presentado por la Fiscalía por el que se oponía a su puesta en libertad. El Ministerio Fiscal, en concreto, solicitó la prisión provisional "con una finalidad puramente instrumental y por el tiempo estrictamente necesario al considerar que existe un riesgo real de destrucción de fuentes de prueba".

En el auto de 16 de febrero por el que acordó enviar a prisión a Espinosa, la jueza aseguraba que de permanecer en libertad "podría frustrar la investigación policial", constatando a su vez pagos de la trama y destacando que se hallaron más de 60.000 euros en su domicilio de "ilícita procedencia".

La instructora sostiene que Espinosa habría hecho "uso de las relaciones personales que tendría con personas relevantes del sector público y empresarial en el ámbito de las Islas Canarias" y que su participación en la trama criminal era "esencial" por esos contactos y por "la capacidad de transmitir confianza a los distintos empresarios en la consecución de sus ilícitos propósitos".

Por otro lado, fuentes jurídicas han confirmado a esta agencia de noticias que el Juzgado ha acordado la formación de tres piezas separadas diferentes, una de las cuales se encuentra actualmente bajo secreto de sumario.

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