Los registros civiles de España comienzan la adopción de Ley Trans rodeados de caos. La normativa promovida por la ministra de igualdad, Irene Montero, que permitirá tres cambios de sexo en menos de dos años, entró en vigencia sin instrucciones administrativas para su implementación. Tampoco tienen recursos.

La improvisación estatal es cuestionada por la Central Sindical Independiente y de funcionarios (CSIF), organización que denuncia la falta una plataforma digital para inscribir y habilitar las solicitudes. Los registros postergarán el proceso hasta la entrega de planillas y formularios que permitirán oficializar la gestión ante sus oficinas.

Tampoco hay indicaciones sobre las formas de asistencia legal que estarán dispuestas para quienes gestionen el cambio de sexo. La única medida paliativa de Montero ha sido emitir junto al ministerio de Justicia una versión del Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se informa que las asociaciones especializadas en derechos LGTBI servirán de enlace para concretar la petición.

Un desorden con impacto
El desorden administrativo que detona la Ley Trans que impulsó Montero es otro capítulo de las consecuencias inesperadas que fomentan sus iniciativas, considerando que la denominada legislación «solo sí es sí» ya suma 721 reducciones de pena para agresores sexuales.

 Las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial arrojan además que esta ley —que supuestamente castigaría los delitos sexuales— terminó favoreciendo a los victimarios. De hecho, el ente autorizó 74 excarcelaciones.

Ahora, con respecto a las absoluciones comunicadas, éstas son consecuencia en todos los casos de la destipificación del delito de abuso sexual cometido mediante engaño con menores de entre 16 y 18, que estaba castigado en el artículo 182.2 del Código Penal anterior a la reforma.

En el caso de Madrid, el Tribunal Supremo reconoce que existen 224 recursos de casación pendientes en los que se ha dado traslado a las partes para que efectúen alegaciones sobre la incidencia de la reforma de la ley. Por ahora, 26 alcanzaron luz verde.

Un problema más profundo
Las implicaciones legales de las leyes de Montero son sólo una parte de un problema mayor: la promoción de una «ideología transgenerista» basada en que el sexo no es binario, sino parte de un espectro donde cualquiera puede adaptar su cuerpo al de un hombre o a una mujer sin haber nacido como tal, porque todo dependen de los sentimientos que se desarrollan.

“Lo más grave es que lo hacen pasar por coeducación, porque saben que tiene buena prensa», alertó la antropóloga Silvia Carrasco, presidente de Feministas de Cataluña y vicepresidente de Docentes Feministas por la Educación (DOFEMCO), antes de la aprobación de la normativa.

 Su posición dista criterio que tiene Montero sobre el feminismo, al considerar que España está ante «un contagio y una inducción» de esa ideología. «Se induce en todas las etapas educativas y se contagia luego en la adolescencia. Las leyes educativas, aprobadas en 14 Comunidades Autónomas, establecen una nueva verdad, que está siendo explicada en todos los centros educativos, en toda la formación del profesorado y en la formación de futuros maestros».

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que entre el 0,3 % y el 0,5 % de la población mundial es trans. Si es así, en España, en promedio, existen entre 14000 y 25000, pero si el «contagio social» crece, el país caería en el panorama del Reino Unido, donde la «autodeterminación de género», se disparó casi un 4000 %.

Crisis en puerta
José Errasti, autor de Nadie nace en un cuerpo equivocado, cree que el mundo enfrenta un fenómeno social, una subcultura, que se distribuye a través de redes sociales y de las escuelas que tergiversa lo que es el sexo y lo que es el género.

Una crisis social parece inminente cuando, en el caso de Cataluña, el número de ciudadanos que acude con disforia de género a un servicio público aumentó 7652 % desde 2012.

Este «contagio» tendría a los menores como principales afectados, porque desde 2016 ya representan un tercio de los interesados, y en los últimos dos años alcanzaron el 40 %. Datos del Servei Trànsit, demuestran que hace diez años acudieron 19 personas a este servicio, el año pasado lo hicieron 1454.

Las cifras crecerán con la implementación de esta nueva Ley Trans. No hay duda. La mencionada legislación permite a los mayores de 16 años solicitar el cambio de sexo libremente, entre los 14 y los 16 lo pueden hacer asistidos por los progenitores y entre los 12 y los 14 tendrán que contar con autorización judicial.  El procedimiento se inicia con la solicitud en el registro. En un plazo máximo de tres meses, el interesado, en una nueva comparecencia, tendrá que ratificar la solicitud y elegir, en su caso, un nuevo nombre.

 Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter

Haz tu Donación

Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias

Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv

Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag

YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias

Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a

WhatsApp: 635967726