La Comisión Europea está tramitando  denuncia contra el gobierno de Sánchez, también por disfunción grave del Estado de Derecho.

El 11 de noviembre de 2022, la alianza Denunciantes del Autoritarismo Judicial (4 asociaciones y un movimiento social), denunciaron graves incumplimientos de la legalidad por los gobiernos de Sánchez, que han llevado a un crecimiento del gasto público sin precedentes.

Delitos continuados de coacciones, falsedad documental, prevaricación y administración desleal, forman parte de los hechos denunciados, perjudicando gravemente los intereses de España, de la Unión Europea y de todos todos los estados miembros, así como del euro.

La denuncia fue remitida en el mismo mensaje de correo electrónico a la Comisión Europea y al Tribunal Supremo, siendo, por tanto, una denuncia administrativa europea y una denuncia penal, respectivamente.

Dos semanas después, el 25 de noviembre de 2022, la Unidad F.3 – Economías de los Estados Miembros I (Croacia y España) de la Dirección General para Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea,  informó que allí se estaba tramitando la denuncia, habiendo sido registrada como Ares(2022)8174536.

El 27 de enero de 2023, la Alianza remitió una ampliación de la denuncia con nuevos hechos criminales de los gobiernos de Sánchez. En la denuncia se pedía a la Comisión Europea que tramitara la primera denuncia y esta ampliatoria por disfunción grave del Estado de Derecho en la Dirección General C: Derechos Fundamentales y Estado de Derecho.

El 2 de marzo de 2023, la Alianza recibió la contestación de Florián Geyer, Jefe de la Unidad C.1: Política de Justicia y Estado de Derecho de la referida Dirección C, informando que la denuncia está siendo tramitada y ha sido registrada como Ares(2023)1525948 – 02/03/2023.

En la respuesta se hace referencia a la denuncia ampliatoria, pero ni siquiera se cita la denuncia primera. En el escrito se dice: “Quisiera informarle de que el Informe sobre el Estado de Derecho en 2022, publicado el 13 de julio de 2022, hace referencia a la situación del Consejo General del Estado de Derecho en España” y que “sigue siendo motivo de preocupación, que “se han reiterado los llamamientos para proceder a su renovación urgente […] y para que se modifique el sistema de nombramientos de los vocales elegidos entre jueces y magistrados en consonancia con las normas europeas, de forma que al menos la mitad de sus vocales sean jueces y magistrados elegidos por sus homólogos”.

Se dice que “el Informe menciona que el Tribunal Constitucional dictó dos resoluciones en las que revisaba las medidas de emergencia adoptadas para luchar contra la pandemia de COVID-19”.

Continúa diciendo que “En lo que respecta a los fondos asignados a los Estados miembros […] el artículo 22 del Reglamento sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia deja claro que la obligación de proteger los intereses financieros de la Unión y de garantizar que los fondos se utilicen respetando plenamente el Derecho de la Unión y nacional aplicable, incumbe en primer lugar al Estado miembro de que se trate”.

Finaliza la respuesta afirmando: “Tenga la seguridad de que la Comisión mantiene su compromiso de defender el Estado de Derecho y la independencia judicial en todos los Estados miembros, y de que seguirá colaborando con las autoridades españolas para promover el Estado de Derecho en el marco del mecanismo global del Estado de Derecho”.

La Alianza está satisfecha por no haber sido archivada la denuncia y por tener un interlocutor directo que, además, es el Jefe de Unidad; sin embargo, en la respuesta se tratan tres puntos, eludiendo pronunciarse sobre varias decenas de incumplimientos de la legalidad, así como de la petición de que se aborden los hechos denunciados en el informe de 2023. 

La Alianza está preparando otra denuncia ampliatoria con más hechos y se reiterará la solicitud de que se incluyan los hechos de 2022 denunciados en el informe de 2023 sobre el Estado de Derecho español.

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