El Gobierno italiano aprobó este jueves un decreto ley que endurece las penas a los traficantes de seres humanos en el Mediterráneo, tras el naufragio del 26 de febrero en las costas de Calabria (sur) en el que murieron al menos 72 inmigrantes.

El decreto introduce una nueva tipología de delito, el de «muerte y lesiones por el tráfico de inmigrantes clandestinos», y prevé penas de hasta 30 años de cárcel, explicó en rueda de prensa la primera ministra, Giorgia Meloni, tras el Consejo de Ministros, celebrado en la localidad de Cutro, en cuyas costas se produjo el naufragio.

La tragedia se consumó en la noche del 26 de febrero cuando una barcaza de madera que había zarpado cuatro días antes de Turquía se hundió a pocos metros de las costas italianas, causando al menos 72 muertos, según el balance todavía provisional.

Tras el desastre se detuvo a tres presuntos traficantes que trabajan para las organizaciones criminales que se lucran con estos peligrosos viajes a Europa: un turco y dos paquistaníes, uno de ellos menor de edad.

 La nueva doctrina, explicó Meloni, asumirá este nuevo delito como «universal» y será perseguido «incluso si se comete fuera de los confines nacionales».

«Tomamos esta decisión para dejar clara nuestra determinación para derrotar la trata de los seres humanos, responsable de esta tragedia. Nuestra respuesta es una política de mayor firmeza», sostuvo sobre el decreto ley (que entra en vigor automáticamente pero que deberá ser aprobado por el Parlamento antes de 60 días).

El ministro de Justicia, Carlo Nordio, afirmó que este «aumento de la jurisdicción italiana» supondrá que si un traficante capturado causó lesiones o la muerte a un inmigrantes durante la travesía, se le impondrá este nuevo tipo de delito agravado.

En el decreto hay normas dirigidas a simplificar el proceso de expulsión, otras para mejorar los centros de permanencia para la repatriación e instrumentos para intervenir en caso de gestión opaca de los centros de acogida de inmigrantes.

 Asimismo, el Gobierno italiano también anunció un endurecimiento de las políticas migratorias.

Lo hará mediante la restricción de la «protección especial», una tutela que el ordenamiento de Italia añade a las disposiciones de las convenciones internacionales en materia migratoria y que Meloni, aseguró, pretende «abolir» próximamente.

Asimismo, el Gobierno reactivó los conocidos como «Decretos Flujos», que establecen cuotas de entrada legal por motivos laborales en función con las exigencias del mercado.

«No conviene entrar en Italia ilegalmente, no conviene pagar a los traficantes, no conviene arriesgar la vida», instó Giorgia Meloni.

Por otro lado, se extiende la renovación del permiso de residencia, hasta los cinco años, avanzó el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, obligado a responder ante el Parlamento por este desastre y a quien la oposición exige dimitir.

Meloni decidió celebrar «simbólicamente» el Consejo de Ministros en esta localidad de la lejana Calabria, donde fue recibida por los vecinos. El Gobierno inauguró una placa que conmemorará en el Ayuntamiento las víctimas del naufragio.

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