La semana pasada éramos conocedores de que Ferrovial trasladará su sede de España a los Países Bajos a través de una fusión con Ferrovial Internacional, una filial propiedad al 100% de Ferrovial y ya domiciliada en los Países Bajos. Tras conocerse la noticia, el Gobierno de España estallaba en exabruptos hacia Ferrovial y, especialmente, hacia su presidente ejecutivo, Rafael del Pino Calvo-Sotelo, llegando incluso el presidente del Gobierno a calificarle de “desleal” en una rueda de prensa oficial.

El traslado de la sede social a los Países Bajos por parte de Ferrovial y las incendiarias, innecesarias y absolutamente infantiles críticas por parte del Gobierno de España no son más que un síntoma de nuestro país: un gobierno que legisla al ritmo que marcan sus socios más radicales y sin pensar en las posibles consecuencias y que, cuando dichas consecuencias aparecen decide hacerse notar alzando la voz, pero sin mover un dedo por solucionar el problema.

Demonizar a los empresarios no es buena idea
Antes de entrar a analizar las razones que podrían haber llevado a Ferrovial a tomar esta decisión cabe mencionar la que sería mi posición con respecto a cualquier empresa que tome una decisión similar: ha sido el Consejo de Ferrovial el que ha propuesto a sus accionistas trasladar la sede social a los Países Bajos, y los accionistas se hallan plenamente en su derecho de tomar la decisión de hacerlo si esto es lo que mejor conviene a sus intereses particulares, y esperemos que así siga siéndolo siempre.

Hay multitud de diferencias de carácter fiscal y competitivo que podrían llevar a cualquier empresa -y más a una con un enorme volumen de negocio internacional como Ferrovial, con más del 80% de su facturación total teniendo lugar fuera de España- a querer trasladar su sede social a los Países Bajos.

Entre ellos, el principal motivo es, sin duda, que, a diferencia del presente Gobierno de España, el de los Países Bajos no se dedica día tras día a demonizar a sus empresarios y al tejido productivo nacional utilizándolos a la par de chivo expiatorio para todos los problemas y de cajero automático para tapar agujeros fiscales. Mientras tanto, en los Países Bajos encontramos un marco legislativo y regulatorio más estable y flexible, como a continuación veremos.

 Me cuesta mucho entender de qué se queja el Gobierno de España con la marcha de Ferrovial, ya que han sido precisamente ellos los que, con su legislación y fiscalidad extractiva han incentivado a que multitud de empresas planteen mover su sede social a otro país con una fiscalidad más atractiva, sobre todo en caso de tener una elevada proporción de la cifra de negocio allende de nuestras fronteras.

La fiscalidad
El primer beneficio de trasladar la sede social a los Países Bajos lo encontramos en lo relativo a la fiscalidad sobre los dividendos de las filiales. Mientras en España el 95% de dichos ingresos están exentos de tributar (antes de 2021 era el 100%), en los Países Bajos se encuentran plenamente exentos.

De hecho, la decisión del Gobierno de España de eliminar la completa exención es algo excepcional entre sus homólogos europeos, ya que lo normal dentro de la UE es una completa exención fiscal sobre los dividendos de las filiales internacionales para prevenir la doble imposición.

Además, Rafael del Pino Calvo-Sotelo y varios miembros del Consejo de Ferrovial podrían verse personalmente beneficiados por la decisión en el plano tributario (lo cual es plenamente legal y legítimo). Cabe destacar que el gobierno corporativo de Ferrovial no se alteraría por la absorción, ya que su marco se ajustará al actual una vez completada la fusión excepto por las modificaciones que requiera la normativa local de los Países Bajos.

Por ello, el Consejo de Ferrovial Internacional tendrá exactamente los mismos miembros que el actual de Ferrovial.

Muchos miembros de dicho Consejo se verán beneficiados con el cambio de sede, ya que lograrán esquivar el “impuesto a las grandes fortunas” ya aprobado por el ejecutivo sanchista y que pretende recaudar 1.500 millones incidiendo en 23.000 contribuyentes españoles con un patrimonio individual de más de 3 millones de euros. Con la fusión, muchos miembros del Consejo podrían verse beneficiados y esquivar prácticamente dicho nuevo tributo.

 Financiarse en los Estados Unidos
Por otra parte, y en contra de lo que han comentado algunos analistas, Ferrovial no tendría por qué perder a muchos de sus directivos con esta operación, ya que en base a la normativa europea del 30%, Ferrovial podría ofrecer el 30% de los salarios de sus empleados internacionales libres de impuestos, lo que incentivaría a que muchos directivos se trasladaran a Países Bajos.

Otro de los aspectos más comentados esta semana ha sido el de si realmente tiene sentido estratégico trasladar la sede social a Países Bajos por el deseo de Ferrovial de cotizar en Estados Unidos, y la respuesta es un rotundo sí.

Un marco jurídico estable
Debemos tener en cuenta que los Países Bajos tienen una muy elevada calificación crediticia y un marco jurídico de los más estables de Europa, siendo estos dos factores de los más importantes para los inversores institucionales internacionales, que en el caso de Ferrovial son más del 93%.

Para estos inversores el riesgo país es crucial, y, por ello, si Ferrovial permanecía en España esto podía repercutir muy seriamente en sus costes de financiación, especialmente cuando en el último año su deuda no vinculada a proyectos de infraestructuras ha incrementado en 486 millones de euros en total, acercándose a una calificación BBB que puede ser peligrosa en algunos mercados.

A este respecto, si comparamos las calificaciones crediticias de España y Países Bajos, veremos que son un factor diferencial a tener en cuenta. Mientras España tiene calificaciones situadas entre el A de S&P y el BAA de Moody’s -situándose muy lejos en ambos casos del AAA máximo-, los Países Bajos reciben una calificación mínima de AA+ por parte de S&P y máxima de AAA según Moody’s, lo que muestra su excelente solvencia.

Por lo tanto, es absolutamente comprensible que si Ferrovial quiere tranquilizar a sus inversores y expandirse a nivel internacional trate de reducir el coste de su financiación minimizando el factor del riesgo país.

El gobierno español es el responsable
Por último, y más allá del entramado legislativo y fiscal del país, encontramos que los Países Bajos se hallan varios escalones por encima de España en cuento a dinamismo y competitividad empresarial, lo cual siempre es un factor muy positivo de cara al mercado internacional.

Por ejemplo, en el Informe de Competitividad Global publicado por el Foro Económico Mundial, los Países Bajos se sitúan en cuarta posición para la transformación económica, tan solo por detrás de Finlandia, Suecia y Dinamarca, mientras España se halla más de 10 puestos por debajo.

Otros índices, como el elaborado por el Institute for Management Development, sitúan a los Países Bajos como el segundo mejor en rendimiento económico y el cuarto mejor en eficiencia empresarial, mientras España no se clasifica dentro del top 10 en ninguno de estos indicadores.

Por lo tanto, está claro que ha sido el propio gobierno de España, con sus múltiples políticas extractivas y ataques frontales a la creación de valor y riqueza, el que ha terminado por expulsar a Ferrovial de España. Dicha empresa simplemente ha hecho lo que debía hacer, que es defender los intereses de sus accionistas, que se hallan muy alejados de la ineficiencia y la extracción fiscal españolas.

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