El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a la presidenta de Junts, Laura Borràs a cuatro años y medio de cárcel y nueve de inhabilitación por fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

   Borràs fue juzgada acusada de los delitos de prevaricación y falsedad documental por 18 contratos adjudicados a su amigo Isaías H.

   La Fiscalía había reclamado para Borràs una condena de seis años de prisión y 21 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental.

Los magistrados del Tribunal de Justicia de Cataluña, sin embargo, piden al Gobierno que se le conceda un indulto parcial de tal manera que se le pueda rebajar la condena a la mitad y liberarla así de entrar en prisión.

Se trata de un mecanismo que los jueces usan, de forma puntual, cuando con el Código Penal en la mano deben imponer una pena pero la consideran excesiva por la tipología de los delitos cometidos. Si el Ejecutivo de Pedro Sánchez le concede dicho indulto, pese a tratarse de corrupción política, Borràs se libaría de la cárcel aunque no podría ocupar un cargo público ya que estará igualmente inhabilitada.

La condena a la que se enfrenta Borràs, en una sentencia que es recurrible ante el Tribunal Supremo, es inferior a la petición que inicialmente le hacía la Fiscalía. El ministerio público solicitaba para ella 6 años de prisión, 21 de inhabilitación y una multa de 144.000 euros. Su defensa, ejercida por Gonzalo Boye e Isabel Elbal, pedían su absolución al no apreciar ningún tipo de delito.

 Finalmente los magistrados han acordado que los hechos atribuibles, el otorgar 18 contratos de forma irregular a un amigo informático, deben ser castigados con cuatro años de privación de libertad. La sentencia, sin embargo, incorpora un voto particular de la juez María Jesús Manzano, que a diferencia de sus compañeros considera que únicamente debería ser inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público.

El cambio de estrategia de dos de los tres acusados, en concreto del informático beneficiado Isaías Herrero y del empresario Andreu Pujol, ha sido clave para que la dirigente separatista fuese condenada.

Aunque los tres compartían la base de la defensa, con un trabajo conjunto de sus equipos jurídicos durante más de dos años, a las puertas del juicio oral Herrero y Pujol se descolgaron y decidieron pactar con la Fiscalía con el fin de ver reducida su condena y no tener que entrar en prisión o, como en el caso de Borràs, depender de un indulto parcial por parte del Gobierno.

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