Los esfuerzos de PSOE y Podemos por difundir la campaña de nacionalización masiva con la Ley de Memoria Democrática da importantes frutos. Según datos oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores, en poco más de tres meses con la normativa en vigor más de 25.000 nietos del exilio han solicitado el pasaporte español, lo que les permitirá votar en las elecciones.

Los datos desagregados desvelan que la palma se la lleva el Consulado General de La Habana (Cuba) con 4.041 peticiones de noviembre a enero. A continuación, están los consultados de Ciudad de México (3.258 solicitudes); de Mendoza, en Argentina (2.881); de Buenos Aires, también en Argentina (2.089); Caracas, en Venezuela (1.766) y Córdoba, en Argentina (1.370). En total, 24.729 peticiones hasta el 31 de enero de 2021.

Así que contabilizando febrero y marzo, a buen seguro que se ha superado ampliamente los 25.000 requerimientos al Ejecutivo español. Por ahora, de esa cifra ya se han tramitado e inscrito en el Registro Civil a 6.653 personas. Los consultados más ágiles en este ámbito son La Habana, Ciudad de México, Buenos Aires, Montevideo y Lima.

 La gran mayoría de expedientes llegan de países de América Latina. No obstante, también han llegado peticiones de nacionalidad española desde Estados Unidos (335 desde Miami y 64 de Washington), Francia (225 desde París, 152 desde Lyon y 69 en Burdeos), Jordania (71 desde Ammán) o, entre otros, Rusia (23 desde Moscú). También hay casos sueltos, menos de medio centenar respectivamente, de Países Bajos, Reino Unido, Canadá, Bélgica, Filipinas, Marruecos, Alemania, Abu Dabi, Irlanda, Suiza, Italia, Sudáfrica, Japón, Austria, Singapur, Qatar, Arabia Saudí, Malta, Polonia, Portugal, Luxemburgo, Andorra, Hong Kong, Noruega, República Checa, Corea del Sur, Bulgaria, Israel, Argelia, Guinea, Ghana, Finlandia, Kuwait, Mauritania y Lituania.

El aluvión de solicitudes de nacionalidad de descendientes de exiliados y emigrantes españoles ha colapsado las oficinas consulares y las embajadas. En vísperas del intenso ciclo electoral, PSOE y Podemos están haciendo campañas para que sus afines se acojan a esta posibilidad que abre la Ley de Memoria Democrática que Pedro Sánchez pudo aprobar gracias a Bildu.

 Además, en este momento crítico antes de la cita con las urnas, los consulados han recurrido a una treta para acelerar en lo posible las nacionalizaciones. Se trata de instar a los nietos de los exiliados a cursar ya su solicitud de nacionalidad sin necesidad de esperar a que la de su progenitor haya sido resuelta.

Desde algunos de los consulados más representativos, como son los de México o Argentina, ya se informa a los interesados que pueden acogerse a esta posibilidad, con el fin de «cumplir con los plazos previstos en la ley». De esta forma, los expedientes se agilizarán en su tramitación.

Las citas de las embajadas, si se tramitan, se ofrecen con varios meses de retraso. En algunos casos, el caos es tal que no se da opción de realizar el trámite.

La autodenominada Ley de Memoria Democrática entró en vigor el pasado 20 de octubre y el plazo para solicitar la nacionalidad es de dos años, prorrogables por el Consejo de Ministros un año más. Por lo que la opción a la nacionalidad estará abierta, en principio, hasta el 20 de octubre de 2024. En todo caso, ya hay voces que piden ampliar el plazo para poder tramitar más nacionalizaciones.

 El voto del exterior es un objetivo estratégico en unos meses determinantes para Sánchez. El Gobierno llegó incluso a cambiar por sorpresa esta ley para facilitar la nacionalización masiva.

La decisión fue ampliar la concesión de la nacionalidad a todos los hijos y nietos de españoles emigrados durante el exilio. Esto es, con independencia de si el motivo de la salida de España fue el exilio por la Guerra Civil o la dictadura, como sí figuraba expresamente en la norma que salió aprobada de las Cortes.

No será necesario acreditar el exilio, pues «se presumirá la condición de exiliado respecto a todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955». Este requisito sí se exigirá, al contrario, para aquellos que dejaron España entre 1956 y 1978.

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