La Unión Europea crea un fondo de 1.000 millones de euros para comprar armamento

La Unión Europea va a crear un nuevo fondo de 1.000 millones de euros para la adquisición conjunta de armamento (sistemas de armas y municiones) por parte de al menos tres Estados miembros

Unión Europea

La Unión Europea va a crear un nuevo fondo de 1.000 millones de euros para la adquisición conjunta de armamento (sistemas de armas y municiones) por parte de al menos tres Estados miembros, con el fin de reforzar la base industrial y tecnológica de la defensa europea. El plan es que los países europeos compren armas fabricadas en Europa.

El Comisario europeo responsable del mercado interior, Thierry Breton, ha creado un nuevo instrumento dotado con 1.000 millones de euros (inicialmente 500 millones en dos años) y financiado por el presupuesto de la Unión Europea.

Prevé la adquisición conjunta de sistemas de armas y municiones por parte de al menos tres Estados miembros. Si el Parlamento Europeo aprueba el plan durante la sesión plenaria del 8 al 11 de mayo, el instrumento financiaría hasta el 20 por cien del valor del contrato. De momento, fue aprobada el martes en votación conjunta por las comisiones de Industria, Investigación y Energía y de Asuntos Exteriores y la Subcomisión de Seguridad y Defensa.

Es una vuelta al viejo sueño de crear una industria europea de defensa. Las opciones que se tomen en términos de adquisiciones a corto plazo tendrán probablemente un impacto a más largo plazo en la apropiación del mercado europeo por la Base Tecnológica e Industrial de la Defensa Europea (BTID) y en las oportunidades para las próximas décadas.

“En el contexto geopolítico actual, es esencial reforzar cuanto antes las capacidades de defensa de los Estados miembros, ya sea a través del gasto nacional en defensa, las iniciativas de colaboración de la OTAN, el Fondo Europeo para la Paz o las adquisiciones comunes”, explicó ambiguamente uno de los dos coponentes del proyecto, el polaco ZdzisÅ‚aw Krasnodebski (Conservadores y Reformistas Europeos), en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía.

El objetivo de este instrumento es satisfacer la necesidad a corto plazo de reponer y, en caso necesario, aumentar las existencias de material de defensa europeo. Para ello, abogan por duplicar el tamaño del fondo propuesto hasta los 1.000 millones de euros.

El plan también pretende reforzar la adquisición común de material de defensa, en particular para alcanzar el objetivo de adquirir conjuntamente el 35 por cien del gasto total en equipos, frente al 18 por cien en 2021 (11 por cien en 2020, o 4.100 millones de euros). Los eurodiputados creen que los Estados miembros que participen en la adquisición conjunta de productos de defensa también pueden acordar la compra de productos adicionales a Ucrania y Moldavia.

“La adquisición de equipos de defensa es un primer paso, pero esencial, ya que ayudará a los Estados miembros a acortar distancias con respecto a su nivel de ambición en materia de cooperación en defensa, declarado hace tiempo, y también mejorará la interoperabilidad de las fuerzas armadas europeas y la rentabilidad para los contribuyentes”, subrayó el ponente de la comisión de Asuntos Exteriores y de la subcomisión de Seguridad y Defensa, Michael Gahler.

Además, la Comisión Europea y la Agencia Europea de Defensa deberán elaborar una lista de componentes críticos de origen no comunitario para los que no exista alternativa en la Unión Europea, como base para futuros proyectos de desarrollo de estos componentes a escala europea.

El apoyo financiero de la Unión Europea debería beneficiar “a la BTID, garantizando al mismo tiempo la capacidad de actuación de las fuerzas armadas de los Estados miembros de la Unión Europea, la seguridad del suministro y una mayor interoperabilidad”, según el proyecto de la Comisión.

“A fin de garantizar la protección de los intereses esenciales de seguridad y defensa de la Unión y de sus Estados miembros, las infraestructuras, instalaciones, activos y recursos de los contratistas y subcontratistas que participen en la contratación conjunta, y que se utilicen a efectos de dicha contratación, deberán estar situados en el territorio de un Estado miembro o de un tercer país asociado”, según el proyecto.

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