Los cuatro contratos de suministro de drones para distintas misiones del proyecto GAR-SI en el Sahel de la fundación estatal Fiiapp que afloraron en el caso Mediador han tenido diversos ojos encima hasta llegar a la Fiscalía Europea, que ahora comanda la investigación. La Oficina Antifraude de la UE, que estaba analizando la cuestión, se ha inhibido y ha enviado a los fiscales sus pesquisas, según informaron fuentes del caso.

Los ojos puestos en la Fiiapp
Una vez el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil señaló los contratos por la sospecha de que el general de división que comandaba el proyecto, Francisco Espinosa, pudo intervenir para que el adjudicatario fuese un empresario imputado en la trama al que conocía, José Suárez, la Oficina Antifraude de la Unión Europea escribió a la juez que investiga a Tito Berni para pedir información.

Al fin y al cabo, el proyecto está financiado directamente por la Comisión Europea. Y en la OLAF, siglas en inglés de ese organismo, eran conocedores de ello. Tal y como reveló este diario, el pasado diciembre sus inspectores pasaron varios días en la sede de Fiiapp volcando información sobre diversos proyectos. Entre ellos, el GAR-SI.

  El primer contacto tuvo lugar el 23 de marzo, cuando, a través del Servicio de Coordinación Antifraude del Ministerio de Hacienda, hicieron llegar un escrito al juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife recordando el «deber de informar a la OLAF» ante «cualquier documento o información que obre» y tenga «relación con una investigación en curso de la Oficina».

«En el desarrollo de sus funciones, este Servicio ha tenido conocimiento de la causa llevada por ese Juzgado de Instrucción n° 4 de Santa Cruz de Tenerife en relación con el denominado caso Mediador. Para que la OLAF pueda establecer si debe abrir una investigación al respecto, ha solicitado a este Servicio que le remita, a la mayor brevedad posible, la siguiente información» dice el correo.

Querían saber si la investigación afectaba a «algún apoyo financiero de la UE» y, en caso afirmativo, el nombre del mismo, la aplicación presupuestaria y los fondos afectados. No sólo se referían al GAR-SI, en el punto de mira de la investigación, sino también a la denominada trama canaria, el supuesto tráfico de influencias para la consecución de ayudas y subvenciones que también pudieran proceder del erario comunitario.

«De acuerdo con la información recogida y publicada por parte de varios artículos de la prensa escrita española, un grupo criminal supuestamente trataba la posibilidad de acceder a fondos europeos con los empresarios canarios que pagaron a una trama corrupta», dice en su explicación el servicio de coordinación.

Los fiscales
Tal y como se desprende de otro oficio de la instructora, Ángeles-Lorenzo Cáceres, mantuvo «intercomunicación» con la OLAF, y así se lo trasladó a la Fiscalía Europea cuando, igualmente, pidió información sobre el caso Mediador «a fin de que puedan intercomunicarse y coordinarse a los fines de esta investigación y por el buen fin de la misma».

Finalmente, en abril la investigación se partió en dos y la Fiscalía Europea asumió las pesquisas sobre esos cuatro contratos. La juez les había hecho saber que en la parte sobre la trama canaria no habían aflorado aún fondos europeos concernidos.

Cabe recordar que ya está acreditado que varios empresarios pagaron a la trama –constan las transferencias al club deportivo que presidía el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni–, pero aún no se ha esclarecido si obtuvieron algo a cambio.

Con la Fiscalía Europea al frente, la OLAF, que se dedica a la investigación de irregularidades en lo administrativo, ha tenido que paralizar su investigación y remitir sus avances a los fiscales, pero sólo en los hechos concretos que son objeto de la investigación. Es decir, los cuatro contratos para compra de drones que se relacionan con el GAR-SI. 

El informe de los contratos
Se trata de tres compras de drones por importe de 263.000 euros en total para otras tantas misiones del GAR-SI en Níger, Senegal y Mauritania. El cuarto proyecto, el más abultado, es también un suministro del mismo empresario, pero la entrega lo fue en una base de entrenamiento en La Rioja y el proyecto es el CT Public Spaces de la Fiiapp. Asciende a 175.000 euros.

Con la Fiscalía Europea al mando, la Audiencia Nacional designó al magistrado José Luis Calama como juez de garantías. En su escrito de incoación del asunto los fiscales no solicitaban diligencias en espera de recibir la causa desde el juzgado de Tenerife y estudiar la documentación.

La primera decisión que habrán de tomar los fiscales, previsiblemente esta semana, será informar al juez sobre la situación de prisión provisional en que se encuentra el general Espinosa desde su detención en febrero. Es el único implicado en el caso Mediador que acabó en preventiva, decisión que acordó la instructora el 16 de febrero para salvaguardar la práctica de una serie de diligencias, como la declaración de varios testigos, que ya se practicaron, o recabar el extracto de una cuenta que tenía en Bélgica. Ya está en el juzgado.

A partir de ahí, será clave el informe que tiene entre manos el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil sobre las cuatro adjudicaciones analizadas a la luz del contenido de los móviles, los correos electrónicos y las agendas intervenidas tanto al empresario como al general. En el oficio por el que la juez traspasaba a la Fiscalía esta parte de la causa ya avanzaba, que en dos de esos contratos se habían hallado indicios de que fueron «elaborados 'ad hoc' para ser adjudicados a medida al empresario Suárez Esteve». Quedaban por analizar los otros dos.

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