El Procurador General de Texas Ken Paxton ha anunciado que está liderando una investigación sobre el presunto fraude de la vacuna Covid. El fiscal general investigará a las principales compañías farmacéuticas Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson por posibles violaciones de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas del estado.

En una entrevista con The Post, Paxton reveló que está investigando si las compañías farmacéuticas participaron en la investigación de ganancia de función y engañaron al público al respecto.

"Los efectos catastróficos de la pandemia y las intervenciones posteriores impuestas a nuestro país y a los ciudadanos merecen un intenso escrutinio, y estamos persiguiendo cualquier indicio de irregularidades al máximo", dijo Paxton en un comunicado.

 "Esta pandemia fue un momento profundamente desafiante para los estadounidenses", continuó. "Si alguna compañía se aprovechó ilegalmente de los consumidores durante este período o comprometió la seguridad de las personas para aumentar sus ganancias, serán responsables. Si la política de salud pública se desarrolló sobre la base de investigaciones defectuosas o engañosas, el público debe saberlo".

También afirmó que Big Pharma tenía un "interés personal" en la distribución generalizada de sus vacunas Covid-19 porque condujo a ganancias récord.

"Este interés creado... Combinado con los informes sobre los alarmantes efectos secundarios de las vacunas, exige una investigación agresiva", continuó.

La implementación de los mandatos federales de vacunas "significa que esta investigación sobre la base científica y ética sobre la cual se tomaron las decisiones de salud pública es de gran importancia".

Paxton exige que las compañías farmacéuticas antes mencionadas entreguen documentos relacionados con la "toma de decisiones detrás de las intervenciones pandémicas forzadas al público, especialmente cuando un motivo de lucro o presión política puede haber comprometido la salud y la seguridad de los estadounidenses".

Este movimiento de Texas podría tener implicaciones significativas para la inmunidad legal otorgada a los fabricantes de las vacunas COVID-19, lo que podría abrir la puerta a demandas colectivas de personas que sufrieron efectos adversos raros pero graves de las inyecciones de ARNm.

A fines de marzo, un tribunal del Distrito Este de Texas desestimó la demanda del supervisor de ensayos clínicos de vacunas de ARNm Brook Jackson, quien trabajaba para el contratista de Pfizer Ventavia. Jackson había argumentado que Pfizer cometió varios tipos de fraude en sus ensayos clínicos y, por lo tanto, la compañía farmacéutica debería estar sujeta a responsabilidad, particularmente en nombre del pueblo de los Estados Unidos.

La investigación en Texas se produce poco después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, pidiera una investigación del gran jurado sobre "crímenes y delitos cometidos contra floridanos relacionados con la vacuna COVID-19".

"La administración Biden y las corporaciones farmacéuticas continúan impulsando la distribución generalizada de vacunas de ARNm en el público, incluidos niños de hasta 6 meses de edad, a través de propaganda implacable mientras ignoran los eventos adversos de la vida real", dijo la oficina de DeSantis en un comunicado en diciembre.

"Estos riesgos incluyen trastornos de la coagulación, lesiones cardiacas agudas, parálisis de Bell, encefalitis, apendicitis y culebrilla", añadió el gobernador.

DeSantis ha nombrado expertos independientes, como el profesor de la Universidad de Stanford Jay Bhattacharya, para un nuevo Comité de Integridad de Salud Pública encargado de examinar los eventos adversos de las vacunas de ARNm. DeSantis y el cirujano general de su estado, el Dr. Joseph Ladapo, sostienen que si bien las vacunas han sido efectivas para proteger a las personas mayores y vulnerables, los riesgos para las personas más jóvenes pueden haber superado los beneficios.

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