Los inmigrantes procedentes de África son un problema europeo, pero además del drama humano que hay detrás de cada persona que se echa al mar para buscar una vida mejor, hay un coste económico importante para el Estado que se financia a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de José Luis Escrivá.

El Gobierno tiene una tasa concreta que debe llevar en forma de subvención a la comunidad autónoma de Canarias cada año para atender a los inmigrantes que cruzan el mar para llegar al archipiélago. Esta cifra es de 50 millones, o al menos es lo que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se dejó en 2022 (dinero que ha abonado ahora) para esta causa. Desde 2020 se ha disparado la llegada de africanos a las costas canarias.

 Los 50 millones de euros que van destinados a la «atención de inmigrantes». Es un dinero contemplado ya en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El problema es que esa inmigración que llega a Canarias se ha disparado elevando considerablemente el coste que conlleva para las arcas del Estado atender de la mejor forma posible a los africanos que cruzan el mar en busca de una vida mejor.

En 2015, según datos de Eurostat, la llegada de inmigrantes a Canarias fue mucho menos que la de 2020, 2021 o 2022. Concretamente hablamos de 875 personas en 2015, 672 en 2016 o 425 en 2017. Sin embargo, en 2020 cambió radicalmente este escenario pasando de no llegar al millar de inmigrantes ilegales a superar los 20.000 durante dos años consecutivos. Esto es lo que ha hecho que el Gobierno tenga que destinar un considerable presupuesto para la atención de estas personas mientras Europa mira para otro lado.

Los datos de Eurostat están ahí, pero también las exigencias del gobierno canario para poder afrontar este problema. Los 50 millones que cuesta atender en la costa a estos inmigrantes no es algo nuevo. De hecho, es insuficiente dadas las circunstancias y el drama humano que han sufrido tanto los inmigrantes como la falta de recursos vivida por Canarias.

Una de las formas con las que el Gobierno está intentando contener y controlar la inmigración irregular en la costa española (tanto la canaria como la andaluza o murciana, incluso) es mediante subvenciones directas e indirectas a Marruecos, país desde donde cruza toda la inmigración africana que luego atiende España con recursos nacionales.

Este problema europeo se ha agravado con el paso del tiempo y especialmente en el momento en el que España empeoró su relación con Marruecos por acoger al líder del Frente Polisario Brahim Ghali. Ahora la relación es buena. Tanto que incluso el dinero llega con más frecuencia al ministerio del Interior de Marruecos para que precisamente controlen la inmigración irregular.

Aún así, las necesidades de atención se han disparado en regiones algo olvidadas como Canarias. Ya es una cuestión de Estado reflejada en los PGE el atender la inmigración irregular. Y mientras Europa mira hacia cualquier lado.

Son muchos los millones de euros que no solo acaban en Marruecos, sino en otros países africanos como Mauritania para exactamente los mismos objetivos: evitar que la inmigración se desborde de forma descontrolada en las costas españolas.

Las subvenciones van por millones de euros. Y en forma de vehículos o cualquier tipo de viandas. Tanto es así, que recientemente el Gobierno ha donado 4 millones de euros en forma de camiones, buggies y todoterrenos al gobierno de Marruecos en contra del criterio de la oposición. En cualquier caso, lo cierto es que este tipo de regalos siguen dejándose ver y algunos de ellos se firman incluso con el concepto de «controlar la inmigración irregular».

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