En las últimas seis décadas, el recurso a las sanciones económicas por parte de las potencias occidentales y las organizaciones internacionales ha aumentado considerablemente. A principios de los años sesenta, menos del 4 por cien de los países eran objeto de sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea o la ONU; en la actualidad esa proporción ha aumentado hasta el 27 por cien.

La magnitud es similar cuando se considera su impacto en la economía mundial. La proporción del PIB mundial producido en los países sancionados ha aumentado de menos del 4 por cien al 29 por cien durante el mismo periodo. En otras palabras, más de una cuarta parte de los países y casi un tercio de la economía mundial están ahora sujetos a sanciones de la ONU o de países occidentales.

Según el derecho internacional, sólo las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU tienen fuerza legal. Las sanciones impuestas por Estados Unidos o la Unión Europea constituyen, según el derecho internacional, una declaración de guerra en la que medida en que imponen el bloqueo. Estados Unidos utiliza constantemente las sanciones para presionar a sus países subordinados para que cumplan sus órdenes.

Hasta la reciente guerra de Ucrania, la Unión Europea utilizaba las sanciones principalmente para aparentar que hacía algo, porque carecía de capacidad diplomática para hacer otra cosa.

Las recientes sanciones contra Rusia han demostrado ser mucho menos perjudiciales para los rusos que para los ciudadanos de la Unión Europea. Los dirigentes europeos cometieron un error catastrófico al aceptar pasivamente las sanciones que Estados Unidos estaba impulsando antes de que Rusia iniciara la guerra en Ucrania. Es evidente que no se habían evaluado ni pensado las consecuencias.

Cuando casi un tercio de la economía mundial está bajo sanciones, los otros dos tercios también salen perdiendo. Por lo tanto, tendría sentido para todos abolir todas las sanciones que no hayan sido emitidas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Incluso las sanciones del Consejo sólo deberían utilizarse excepcionalmente y de forma muy selectiva. Las sanciones que afectan a toda la economía de un país deberían estar prohibidas por el derecho internacional.

Por lo demás, las sanciones siempre han fracasado. Casi nunca sirven para su supuesto propósito original y no consiguen sus objetivos. Perjudican más a la población que a los dirigentes de los países afectados.

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