Uno de los dos etarras que testificaron ante la Jefatura de Información de la Guardia Civil (UCE-1) para dar cuenta de cómo funcionaba la organización terrorista señaló ante los investigadores que en julio de 1997, cuando se produjo el secuestro del concejal de PP de Ermua Miguel Ángel Blanco, la cúpula de ETA tuvo la oportunidad de parar su asesinato: "El Comité Ejecutivo podría haber evitado la comisión del asesinato de Miguel Ángel Blanco".

Ese habría sido el literal usado por el testigo protegido 001. De su declaración ante la Guardia Civil y de la del otro etarra ha trascendido además que los militantes de ETA tenían vía libre para asesinar a policías nacionales, militares o guardias civiles, porque eran objetivos "permanentes", pero en cambio debían consultar con ese Comité Ejecutivo si pretendían atentar contra políticos o jueces.

Según ha podido saber esta agencia, en su declaración señalaron además que en caso de que un comando decidiera atentar contra un traficante de drogas, previamente debía contar también con el visto bueno de la cúpula.

Cabe recordar que en 1980 la banda terrorista emitió un comunicado en el que anunciaba que el tráfico de drogas pasaba a ser uno de sus objetivos.

Además, según el libro 'Vidas Rotas' (Espasa) en el que se da cuenta de todos los asesinados por ETA entre 1960 y 2009, se contabilizaba hasta 32 personas asesinadas por la banda con el pretexto de que se dedicaban al tráfico de drogas.

La declaración referente al asesinato de Blanco podría ser de trascendencia para la causa que se sigue en la Audiencia Nacional para esclarecer el papel de los jefes de ETA. Fue en marzo de 2022 cuando el juez Manuel García Castellón acordó reabrir la investigación después de admitir a trámite una querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ).

En su escrito, la asociación dirigía su acusación contra los jefes de la banda en el momento de los hechos: José Javier Arizcuren Ruiz, alias 'Kantauri'; Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias 'Iñaki de Rentería'; Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi'; Asier Oyarzabal, alias 'Baltza'; María Soledad Iparraguirre, 'Anboto'; Miguel Albisu Iriarte,'Mikel Antza'; Vicente Goicoechea 'Willy'; Jokin Echevarria y Carlos Ibarguren 'Nervios'.

EN LOS 80 Y 90
Los exmilitantes de ETA, testigos protegidos 001 y 002, permanecieron en la banda en diferentes épocas --uno de ellos en la década de los 80 y el otro en los 90 y primeros de los 2000-- y entre ambos han ofrecido a los investigadores una fotografía de "la estructura, el funcionamiento y la composición de las estructuras directivas de la organización terrorista".

Además, han revelado hasta 12 nombres de jefes de ETA que habrían estado al mando en épocas donde se produjeron atentados relevantes y que, según habrían explicado, debían dar luz verde para ir contra esos objetivos políticos. Serían José Antonio Urrutikoetxea, alias 'Josu Ternera', Santiago Arróspide, alias 'Santi Potros'; Eugenio Etxebeste Arizkuren, alias 'Antxon'; José Javier Zabaleta, alias 'Baldo'; Francisco Múgica Garmendia, 'Pakito'; Domingo Iturbe, 'Txomin' --ya fallecido--.

A esos 'históricos' de la banda terrorista sumaron los de Mikel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza'; Ignacio de Gracia Arregi, 'Iñaki de Rentería'; José Javier Arizcuren Ruiz, 'Kantauri'; Javier García Gaztelu, 'Txapote'; Julián Achurra Egurola, 'Pototo'; y María Soledad Iparraguirre, 'Anboto'.

Fuentes consultadas apuntan que el primero de los testigos es quien habría ofrecido los nombres de los seis de su etapa más el de otros cinco de los que sabía tanto por conocimiento propio como por otros miembros de la organización con los que compartió prisión, mientras que el segundo habría corroborado y completado la lista con un nombre más.

Según ha trascendido de estas dos testificales, los etarras debían contar con la autorización de los jefes de la organización terrorista para perpetrar los asesinatos de políticos. Y este extremo podría ser una prueba fundamental para demostrar la autoría mediata en casos como el de Miguel Ángel Blanco o Gregorio Ordóñez.

De hecho, Alejandro Abascal, que es el juez de la Audiencia Nacional que indaga en la presunta participación de la cúpula de ETA en el asesinato el 23 de enero de 1995 en San Sebastián del concejal del Partido Popular Gregorio Ordóñez, citó a los dos etarras para que ratificaran en sede judicial lo dicho ante la Guardia Civil.

Esa comparecencia se produjo y ambos incidieron en que si bien para asesinar a militares, guardias civiles o policías nacionales --objetivos que calificaron de "permanentes"-- no necesitaban luz verde de la cúpula, para otros objetivos como políticos o jueces sí era necesario.

Así, por el momento, la testifical de los dos etarras ya se ha incorporado a la instrucción del asesinato de Gregorio Ordóñez. Y dada la trascendencia de su relato, la asociación Dignidad y Justicia presentó un escrito ante la Audiencia Nacional, en el que solicitaba que se hiciese copia testimoniada para que fuese incorporada al resto de causas abiertas en la Audiencia Nacional y que indagan en la posible responsabilidad penal de la cúpula en determinados atentados de ETA.

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