Ada Colau, regidora de Barcelona, comunicaba públicamente su decisión de suspender, a través de un decreto de la Alcaldía, sin someterse al debate del Pleno municipal, el acuerdo de amistad y colaboración que la ciudad Condal había mantenido con la ciudad de Tel-Aviv (Israel), «basada en una cultura y unos valores compartidos», «hasta que las autoridades israelíes pongan fin a la violación sistemática de los derechos humanos contra la población palestina».

Unas declaraciones por las que la organización para la Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) ha denunciado ante la Fiscalía barcelonesa a la política por sendos delitos de prevaricación y antisemitismo.
 
No en vano, y según sostiene ACOM en la denuncia registrada ante el Ministerio Público, tras la ruptura del hermanamiento entre Barcelona y Tel-Aviv, la propia Colau, la reacción de Israel fue inmediata:

«La decisión es un refuerzo para los extremistas, grupos terroristas y antisemitas, y está en contra de los intereses de los ciudadanos de Barcelona», declaraba Lior Haiat, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del país, en su perfil de Twitter.

Haiat calificaba, además, la medida de la alcaldesa como «lamentable» y fue tan la indignación y «el escarnio internacional» que Colau se vio forzada –«por los mismos que ahora pretenden blanquear su colaboración» con ella «durante toda su legislatura» municipal, señala ACOM– a convocar un Pleno extraordinario en el que someter a votación el polémico decreto, todavía en vigor.
 
 A pesar de que el resultado del recuento fue negativo y la propuesta resultó rechazada, Colau, lejos de dejarlo sin efecto y deponer su posición, ha mantenido «inalterado el decreto en cuestión, reafirmando su alineamiento con postulados claramente discriminatorios, situando en la diana del odio al pueblo de Israel, a sus empresas, instituciones, ciudadanos, y a cualquiera que simpatice con él», reza el escrito de denuncia.

Una actuación «plenamente arbitraria» de la actual alcaldesa catalana, que se «aleja del Derecho» y que, a juicio de ACOM, merece un contundente reproche penal, previa investigación de la Fiscalía Provincial de Barcelona.

En paralelo con la iniciativa ante el Ministerio Público, ACOM se ha unido al recurso contencioso-administrativo presentado, y en trámite, contra el Ayuntamiento de Barcelona por el mencionado decreto de Alcaldía.

Y es que la organización ha conseguido ya, como resultado de su intensa actividad en los últimos años, la anulación de un total de 86 acuerdos institucionales –10 de los cuales han sido confirmados por varios Tribunales Superiores de Justicia y por el propio Tribunal Supremo– por promover discursos de odio y/o discriminación por razones étnicas y nacionales contra el pueblo judío.
 
«Todas las sentencias obtenidas han incidido en la inconstitucionalidad e ilegalidad de unas medidas excluyentes que vulneran el marco común de convivencia» de la sociedad española y de ésta frente a la comunidad internacional, explican desde el bufete Cremades Calvo Sotelo, responsable de la dirección jurídica de esta nueva denuncia.

«ACOM, en su compromiso con la defensa de la democracia, seguirá desenmascarando en todos los ámbitos, desde el legal al mediático, todas las acciones que lleven a cabo los antisemitas que, con su falsa solidaridad con el pueblo palestino, se proponen coartar las libertades de los judíos en España, en su afán de hostigamiento constante al único estado judío en el mundo y a la única democracia de Oriente Medio», ha asegurado Ángel Mas, director de la organización en España

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