Una veintena de funcionarios de la administración de justicia ha abucheado este viernes a la ministra del ramo, Pilar Llop, a su llegada a una entrega de premios en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al grito de "un mes de huelga sin negociación", para echarle en cara los acuerdos alcanzados con otros colectivos del sector --LAJ, jueces y fiscales-- mientras ellos siguen esperando el inicio de las conversaciones.

"Un mes de huelga sin negociación", "Justicia clasista, Gobierno socialista" y "ministra dimisión", ha gritado la veintena de funcionarios de justicia concentrados a las puertas del Tribunal Supremo, sujetando pancartas con proclamas similares, para recibir a la ministra, que ha acudido al CGPJ --situado justo enfrente-- para asistir a la entrega anual de premios del Foro Justicia y Discapacidad.

Al bajar del coche, la ministra de Justicia ha dirigido la mirada al grupo de manifestantes pero ha entrado en la sede del órgano de gobierno de los jueces sin hacer declaraciones.

Los funcionarios de justicia comenzaron una huelga indefinida el pasado 17 de abril que se ha traducido en paros parciales diarios y de jornada completa puntuales. No obstante, la ausencia de negociaciones con el Ministerio que dirige Llop ha llevado al comité de huelga, integrado por CSIF, STAJ, CCOO y UGT, a anunciar una huelga total a partir del 22 de mayo.

Según informó el jueves CSIF en un comunicado, la huelga ha provocado ya la suspensión de medio millón de juicios, a los que se suman más de 30 millones de actuaciones judiciales paralizadas.

El comité de huelga exige una mejora salarial de entre 350 y 430 euros para los 45.000 funcionarios de justicia, lo que supondría una inyección de unos 200 millones de euros.

El secretario de Estado, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, ha traslado a los funcionarios que el Ministerio se sentará a negociar con ellos una vez se resuelva el conflicto con jueces y fiscales, que amenazaron con ir a huelga indefinida este mayo.

Sin embargo, fuentes cercanas a la negociación han precisado que es posible que los contactos oficiales no tengan lugar hasta después de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, toda vez que los funcionarios de justicia son un cuerpo que depende del Ministerio y de las comunidades autónomas con competencias transferidas, por lo que se optaría por esperar a que se formasen los nuevos gobiernos.

Este no es el único conflicto laboral que ha encarado Llop. Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) iniciaron el 24 de enero una huelga indefinida que duró dos meses y con la que lograron 22 millones de euros para los 4.000 miembros del cuerpo superior. Jueces y fiscales, por su parte, llegaron el jueves a un acuerdo con el Ministerio, que rubricarán el próximo martes, por el cual obtendrán 46,7 millones para los 8.000 miembros de ambas carreras.

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