Esta semana, el medio The New York Times reveló que la investigación del Departamento de Justicia (DOJ) a la Fundación Clinton, abierta en 2017 durante el gobierno de Trump y que seguía en curso cuando el ex presidente debió abandonar la Casa Blanca en 2020, fue inmediatamente cerrada por Biden en sus primeros días como mandatario.

La investigación que incluyó decenas de agentes del FBI y fiscales federales, partió de una investigación del autor conservador Peter Schweizer quien publicó sus descubrimientos en un libro que salió en 2015 sobre las donaciones que entidades extranjeras hicieron a la Fundación Clinton cuando ella era Secretaria de Estado del gobierno de Barack Obama.

Esta era la segunda investigación federal que atravesaba Hillary Clinton, después de que en 2016 el FBI investigara su rol en la Primavera Árabe, la muerte del embajador Christopher Stevens en Benghazi y la eliminación de cientos de miles de correos electrónicos de una casilla privada que abrió ilegalmente mientras era Canciller.

Aquella investigación, que lideró el entonces director del FBI, James Comey, también fue cerrada por un presidente demócrata. Luego de que Comey testificara ante el Congreso que Hillary Clinton había cometido una serie de delitos pero que (por alguna razón) no recomendaba presentar cargos, Obama agarró la lapicera y puso fin a la investigación.

Muchos recordarán los debates entre Trump y Hillary, donde el republicano le diría en la cara que si hubiera jueces como él, ella ya estaría presa. En esos debates, aquella investigación fue un tema central, y cuando Trump llegó a la presidencia, cumplió su promesa y ordenó al DOJ que abriera una investigación sobre la Fundación Clinton.

El caso se centró en investigar las donaciones que la Fundación Clinton recibió de una empresa americana-canadiense llamada Uranium One mientras la empresa estaba siendo adquirida por la agencia nuclear rusa. 

Clinton, como Secretaria de Estado, formó parte de un comité gubernamental que necesitaba votar para aprobar el acuerdo de en ese momento. Antes de la votación, su Fundación recibió una masiva donación de esta entidad, y días después, dio su voto a favor de la compra.

Hacia fines del 2017, Rod Rosenstein, vicefiscal general de la Casa Blanca, abrió la investigación de manera oficial, y su oficina ordenó una citación para la Fundación en 2018 y los fiscales a cargo del caso entrevistaron al ex director financiero de la organización. 

La investigación fue dividida entre tres grupos de fiscales, uno en Washington D.C., otro en Nueva York, y el tercero en Little Rock. Éste último pidió cerrar el caso en enero de 2021, cuando asumió Biden, pero el principal agente allí a cargo dejó en claro en el comunicado oficial que fueron los fiscales (puestos por Biden), y no los agentes del FBI, los que tomaron la decisión de cerrar la investigación.

Tras el pedido de los fiscales en Little Rock, Biden tomó la lapicera y ordenó cerrar todas las investigaciones, entre enero del 2021 y septiembre de ese mismo año, completamente blindando a su aliada política de una investigación federal.

“El informe muestra, una vez más, que la Fundación Clinton ha sido objeto de acusaciones por motivos políticos sin ningún fundamento real”, dijo Craig Minassian, portavoz de la Fundación Clinton. “A pesar de esto, lo que sigue siendo cierto es que nuestro trabajo marca una diferencia significativa en la vida de millones de personas en los Estados Unidos y en todo el mundo”.

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