"Ley de Alivio Penal". Es el nombre que maneja ahora mismo el Gobierno para su amnistía encubierta a Carles Puigdemont y otros procesados y condenados por el Golpe a la democracia del 2017, según diversas fuentes. Esta norma dará al Gobierno facultades especiales y extraordinarias para la amnistía que exigen Puigdemont y ERC como condición sine qua non para investir a Pedro Sánchez. Además, el presidente del Gobierno en funciones ofrecerá una consulta no vinculante en Cataluña.

 El PSOE ultima el acuerdo de investidura con Puigdemont a pesar de la fractura creciente dentro del partido y en el entorno de la izquierda que le piden no ceder a las demandas del ex presidente catalán. Sánchez parece dispuesto a pagar el precio y, según ha sabido este diario, el PSOE está rematando la redacción de una nueva Ley que se llamará de Alivio Penal.

 Se trata de un eufemismo para enmascarar la amnistía a Puidgemont, que sigue prófugo de la Justicia española, y la de un número indeterminado de condenados y procesados por los graves sucesos de septiembre y octubre del 2017 en Cataluña. La norma dará al Ejecutivo facultades discrecionales similares a la prerrogativa del indulto.

Alivio penal y consulta no vinculante
No será la única cesión del Gobierno al separatismo catalán. El PSOE ofrecerá un referéndum no vinculante a Cataluña. Pero fuentes conocedoras de la negociación creen que el independentismo pedirá más concreción sobre la fecha y la pregunta. No está claro cómo y en qué momento de la legislatura se convocará dicha consulta. Cataluña debe celebrar elecciones autonómicas bien a finales del 2024 bien a comienzos del 2025.

 Sánchez se enfrenta a un malestar creciente del PSOE por el acuerdo que negocia con Puigdemont y ERC. Destacados dirigentes de la vieja guardia, del zapaterismo, antiguos sanchistas como Odón Elorza y barones como Emiliano García Page y Javier Lambán han puesto el grito en el cielo por la posible amnistía.

 Nadie del Gobierno ha pronunciado la palabra amnistía en público. Nadie del Gobierno niega que esté encima de la mesa. La mayoría de portavoces se limita a afirmar de forma genérica que el límite es la Constitución. El ministro de Cultura y ex líder del PSC, Miquel Iceta, ha dicho que "todo el mundo está opinando sin saber de qué". Iceta, al igual que Sánchez y los principales líderes del partido o ministros, coleccionan una extensa hemeroteca de declaraciones en las que califican cualquier amnistía de "inconstitucional".

 El Gobierno se inclina por iniciar la tramitación de esta ley antes de la investidura de Sánchez y después de la de Alberto Núñez Feijóo, que tendrá lugar los días 26 y 27 de septiembre. El procedimiento será el del registro vía grupos parlamentarios, lo que evitará los informes de órganos como el Consejo de Estado.

Sánchez ha comenzado ya el camino para cerrar el apoyo de los separatistas catalanes y vascos con dos medidas en materia lingüística. Por un lado, se ha propuesto la reforma del reglamento del Congreso para introducir el uso de las lenguas cooficiales. Por otro, se ha elevado una propuesta a Bruselas para reconocer el catalán, el gallego y el euskera como idiomas oficiales de la Unión Europea que empezará a debatirse la semana que viene.

 El avance de estas negociaciones para la investidura de Sánchez coincide con la celebración de la Diada en Cataluña. Este diario ha informado de la preocupación que existe en La Moncloa ante posibles actos de violencia. El precedente de la Vuelta a España, en la que grupos de CDR lanzaron un derivado de aceite a la carretera poniendo en peligro la seguridad de los ciclistas, ha sido una señal de alarma para las fuerzas de seguridad.

 Una Diada con incidentes violentos sería un golpe al intento de Sánchez de atar el apoyo del separatismo catalán. Y pondría en tela de juicio la amnistía para Puigdemont y el resto de condenados y procesados por el golpe a la democracia del 2017.

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Fuente: voz populi