Isabel Rodríguez, ha señalado que cada vez que no gobierna el PP la Fiesta Nacional del 12 de octubre se convierte "en la fiesta del insulto" en referencia a los abucheos que ha recibido el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez en anteriores ediciones.

Además, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, no ha aclarado la fecha en la que se llevará a cabo la sesión de investidura de Sánchez y señala que a día de hoy nadie sabe cuándo se va a celebrar.

Así al ser cuestionada directamente sobre si teme que haya una movilización de protesta alentada por el PP el 12 de octubre, Rodríguez ha señalado: "No es que el Gobierno crea o deje de creer, se ha dado la circunstancia que cada vez que en este país no gobierna el Partido Popular, la Fiesta Nacional, deja de ser la fiesta de todos para ser la fiesta del insulto", ha lanzado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes en La Moncloa.

En esta línea, ha pedido al líder del PP, respeto a esta fecha que es "de todos los españoles", sumándose así a las reclamaciones lanzadas ayer por el PSOE tras la reunión entre Sánchez y Feijóo. Los socialistas acusaron al PP de tratar de agitar la calle y le atribuyen la culpa de la previsible pitada que pueda sufrir Sánchez en el desfile del 12 de octubre, una circunstancia que se ha repetido a lo largo de las últimas ediciones.

El PSOE también acusó al PP de convocar dos manifestaciones contra la investidura de Sánchez, en referencia a un mítin del PP en Madrid y la concentración convocada en Barcelona por Sociedad Civil Catalana contra la amnistía y el referéndum. Feijóo de su lado, rechazó de plano estas acusaciones y aseguró que seguirá haciendo actos de partido igual que hacen el PSOE y el PSC.

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En este contexto, la portavoz del Ejecutivo ha pedido "respeto" al proceso de investidura, y también a la "pluralidad parlamentaria" que ha sido la decisión de los españoles, según ha indicado. Además reclama a los populares que abandonen la "estrategia de confrontación" en la que a su juicio se encuentran porque cree que no les lleva a ningún lado.

Así ha insistido que están ante hechos muy serios, tanto la investidura como la Fiesta Nacional y pide a los de Feijóo sentido de Estado.

"ANTES DEL 27 DE NOVIEMBRE"

En la misma comparecencia, Bolaños, ha sido cuestionado por la posible fecha de la investidura de Sánchez pero ha evitado dar detalles. "Será antes del 27 de noviembre", ha indicado con ironía al mencionar la fecha límite con la que cuenta el candidato socialista para armar una mayoría. Pasado ese día se disolverían las Cortes y se convocarían nuevas elecciones generales para el 14 de enero.

Asimismo, al ser cuestionado de nuevo si la investidura se baraja para antes o después del 31 de octubre, día en que la Princesa Leonor jurará la Constitución al cumplir 18 años, se ha expresado en la misma línea.

"La fecha la establece la presidenta del Congreso de común acuerdo con el candidato y eso es todo lo que podemos decir en este momento", ha indicado Bolaños que ha apuntado: "No le puedo decir porque no creo que lo conozca nadie si será antes o después de una determinada fecha.

El ministro ha insistido en que están trabajando en conseguir no solo una investidura sino también un Gobierno que adopte "medidas sociales" pues eso es lo "esencial" para los ciudadanos.

ACUERDO "IMPECABLE" CONSTITUCIONALMENTE

Bolaños también ha evitado dar detalles de la negociación se ha limitado a afirmar que cualquier acuerdo que se adopte será "impecable desde el punto de vista constitucional". Después ha añadido que "la mesa de negociación tiene distintos aspectos que se están hablando, barajando y negociando", pero ha evitado concretar.

En cambio ha reiterado que son muy discretos y cuando haya acuerdos los explicarán con toda transparencia y claridad para que los conozca la sociedad española. Bolaños ha dado esta respuesta al ser cuestionado sobre el modo en que el Gobierno piensa justificar una posible ley de amnistía cuando hace pocos meses sostenían que era inconstitucional.

También había sido preguntado si forma parte de la negociación la decisión anunciada por el presidente catalán, Pere Aragonés, de aprobar un cuerpo diplomático para la acción exterior de Cataluña.

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