Es una de las conclusiones del Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización de los balances financieros de los partidos políticos correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019. De acuerdo con el mismo, las instrucciones de contratación de Vox, "no se han inspirado en el principio de publicidad enunciado en la normativa, al no contemplar la publicidad de ninguna de las licitaciones".

No obstante, desde el propio partido aseguran que "el Tribunal de Cuentas no señaló esta cuestión como un incumplimiento de la Ley y, muy al contrario, señaló que la contabilidad de 2019 refleja fielmente la imagen económica del partido, que es a lo que obliga el ordenamiento jurídico".

 Según el Tribunal, "esta falta de exigencia de publicidad de los contratos en las instrucciones impide que se pueda garantizar el cumplimiento de otros principios, como son el de igualdad y el de no discriminación en el acceso a la licitación de potenciales interesados, dificultando que se pueda conseguir la mejor oferta entre todas las posibles y un eficiente uso de los fondos por parte del partido".

Sin alternativas
La formación ha comunicado haber celebrado 198 contratos en el periodo fiscalizado, por un importe total de 5,68 millones de euros. Según el Tribunal, "del análisis de las contrataciones del ejercicio 2019 se concluye que no se ha dado cumplimiento a lo indicado en las instrucciones internas de contratación, según las cuales aquellas contrataciones de importe superior a 10.000 euros, pero inferior a 100.000 euros deberán realizarse después de la recepción y estudio, salvo razones de urgencia y confianza debidamente justificadas, de al menos tres presupuestos que garanticen el principio de concurrencia".

En el informe se pone así de manifiesto que se han adjudicado contratos sin contar previamente con la recepción y estudio de tres presupuestos.

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Más allá de las adjudicaciones a dedo, la formación no ha facilitado las facturas justificativas correspondientes al pago realizado en el ejercicio 2019 a la empresa de auditoría por 35.000 euros. Y, además, de acuerdo con el contrato suscrito, un importe de 23.450 euros corresponde a servicios realizados en el año 2020, por lo que los gastos del ejercicio 2019 estarían sobrevalorados en dicha cuantía.

Vox tampoco ha aportado el contrato suscrito con un proveedor de consultoría tecnológica, que facturó 132.005,04 euros en el ejercicio 2019. "En las alegaciones ha facilitado un presupuesto parcial por 35.053,70 euros, no constando presupuesto alguno por el importe restante", concluye el Tribunal de Cuentas.

Irregularidad en los movimientos
El partido de Abascal también está en el punto de mira por irregularidades en los movimiento de efectivo. En 2019, la tesorería del partido ascendía a 1,77 millones y está integrada por la cuenta de caja (889,86 euros), 59 cuentas bancarias y una de PayPal (1,66 millones) y las cuentas electorales (105.822 euros).

Ante esta información, el Tribunal de Cuentas resalta que hay cajas no registradas de contabilidad que no se pueden asegurar que se deban a la venta de artículos promocionales, ya que las cantidades "que se han ido ingresando en las cuentas corrientes no exceden los 300 euros, pues es el umbral para no tener que identificar los movimientos.  

 Siguiendo con esta línea, durante el 2018 y 2019, el Tribunal de Cuentas ha detectado que "Vox ha ingresado, a través de cajeros automáticos, unos importes de 20.601 euros en 2018 y 311.947 euros en 2019 que, si bien han sido registrados como actividades promocionales, existe una incertidumbre". 

Registros auxiliares
La formación verde tampoco "ha llevado registros auxiliares de control de estos movimientos de efectivo, lo que hubiera sido conveniente habida cuenta de que han ascendido a 22.048, euros en 2018 y a 380.939 euros en 2019, sin que los mismos contengan datos identificativos de los aportantes". 

 Vox ha ingresado donaciones en efectivo por un valor de 1.381 euros en efectivo y sin que los donantes se hayan identificado. Lo que incumple al artículo 5.1 a de la Ley sobre Financiación de los Partidos Políticos (LOFPP) pues estos no pueden "aceptar o recibir directa o indirectamente donaciones anónimas", sentencia el Tribunal.

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