La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la conclusión de sumario acordada por el juez instructor Manuel García Castellón y abierto juicio oral contra los 12 miembros de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por pertenencia a organización terrorista.

Los magistrados de la Sección Tercera avalan así la decisión adoptada el pasado octubre por García Castellón contra los presuntos miembros de un núcleo radical de los CDR que estaban dispuestos a usar la violencia para conseguir la independencia de Cataluña.

Varios de los procesados recurrieron ante la Sala de lo Penal la conclusión del sumario solicitando la práctica de diligencias de investigación que los magistrados han considerado innecesarias en algunos casos, si bien han apuntado que otras se podrán acordar en la vista oral.

Así, han declarado "bien concluido el sumario en el que estamos por no echarse de menos diligencias de investigación", recordando que las partes solo tienen derecho a que se practiquen las "que deban considerarse necesarias, por pertinentes y útiles".

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Además, la Sala de lo Penal rechaza la petición de archivo formulada por tres de los procesados que alegaban falta de indicios de la comisión de un delito de pertenencia a organización terrorista.

La Fiscalía pidió sentar en el banquillo a Eduardo Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Delgado por delitos de pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito o fabricación de explosivos; y estragos, este último en grado de tentativa.

Respecto a los demás procesados, el Ministerio Fiscal señaló a Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero únicamente por el delito de pertenencia a organización terrorista.

Según la investigación judicial, este grupo formaba dentro de los CDR el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula integrada por un núcleo radicalizado compuesto por individuos procedentes de diferentes CDR.

La creación del ERT vendría motivada por la necesidad de contar en el seno de los CDR con un grupo clandestino formado por individuos de la máxima confianza que se mostraran totalmente entregados a "la causa" para encargarles las acciones más sensibles.

OCUPACIÓN DEL PARLAMENT

De acuerdo con García Castellón, los miembros del ERT habrían tenido participación activa en algunas de las acciones más contundentes que han llevado a cabo los CDR hasta la fecha, como cortar carreteras, levantar barreras de peajes o verter aceite en el tramo de la C-55 por donde debía pasar la comitiva que trasladaba a los condenados por el 'procés' desde la cárcel de Lledoners.

También tendrían ambiciosos planes. Así, habrían asumido el encargo que habrían recibido del denominado 'CNI catalán' para que aportasen la infraestructura logística necesaria para ocupar el Parlament de Cataluña, defenderlo una vez tomado y permanecer allí al menos una semana.

Entrarían por la puerta principal, porque supuestamente se les facilitaría el acceso desde el interior, y se comunicarían con el exterior mediante una red de telecomunicaciones indetectable que configurarían ellos mismos.

Junto a un reducido grupo de personas, cooperarían con el 'CNI catalán' para alquilar las casas y los locales que les permitirían establecer bases de "intendencia", montando antenas de larga distancia para dicha red de telecomunicaciones. Todo ello con un presupuesto de unos 6.000 euros.

De esta forma, los doce procesados, aprovechándose de los contactos propiciados por su militancia en los CDR, "se constituyeron en una célula que elevaba la intensidad y la naturaleza de las acciones llevadas a cabo, a un nivel superior".

PREPARABAN ATENTADOS CON EXPLOSIVOS

El juez subrayaba que habrían superado los CDR hasta configurar "una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares".

Además del Parlament, tenían en el punto de mira otros objetivos. Habían hecho vigilancias, fotografías y vídeos de diversas instalaciones, entre las que el instructor menciona la Comandancia Naval, el Gobierno Militar y la Delegación de Gobierno de Barcelona y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

García Castellón prestaba especial atención al reconocimiento del perímetro del acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, sito en el municipio de San Andreu de la Barca.

Asimismo, destacaba que habrían realizado diferentes búsquedas en Internet a través de sus dispositivos de datos relativos a personas vinculadas a partidos políticos contrarios a la independencia y de un agente de los Mossos d'Esquadra.

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