Tras confirmarse que el PSOE y sus socios de investidura van a registrar en las próximas horas en la Mesa del Congreso la proposición de ley de amnistía, ha llegado ya hasta el Tribunal Supremo la primera petición de suspensión cautelar de su tramitación para evitar un "daño irreparable".

Manos Limpias ha solicitado la medida en el marco de su denuncia contra Pedro Sánchez por usurpación de funciones, sobre cuya admisión a trámite no se ha pronunciado aún el alto tribunal.

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Según el escrito presentado ante la Sala Penal del Supremo, al que ha tenido acceso IMPACTO ESPAÑA NOTICIAS, el colectivo de funcionarios considera que si la ley de amnistía -cuya entrada en vigor previsiblemente se demorará unos meses- se aplica a los procedimientos judiciales abiertos y después prosperan los recursos ante el Tribunal Constitucional contra la normativa "el daño sería irreparable".

El pasado día dos, Manos Limpias ya instó al Supremo a paralizar la tramitación parlamentaria al presentar su denuncia contra el presidente del Gobierno en funciones, dos miembros de su Gobierno –la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de Presidencia Félix Bolaños–; el secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la eurodiputada socialista Irache García Pérez (que se reunieron con Carles Puigdemont en Bruselas); y el diputado Óscar Puente.

Ahora, con la proposición de ley ya registrada, reitera su petición de suspensión, lo mismo que ha anunciado Vox que hará mañana mismo ante el alto tribunal.

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        En ese escrito, el colectivo de funcionarios recuerda que además del Consejo General del Poder Judicial, asociaciones de jueces y fiscales, de letrados de la Administración de Justicia, los jueces decanos de toda España, los presidentes de las audiencias provinciales y agrupaciones de inspectores de Hacienda y de Trabajo, de abogados del Estado, Colegios de Abogados y Procuradores, y sindicatos policiales y de la Guardia Civil, entre otros, "han denunciado públicamente la quiebra del Estado de derecho y la vulneración de la separación de poderes" que supone la medida.

"A este clamor institucional y popular", añade, "hay que añadir las advertencias de la Comisión Europea y del comisario europeo de Justicia".

"Usurpación de atribuciones judiciales"
"Es obvio que una iniciativa legislativa es competencia del Ejecutivo y no se puede interferir ni invadir sus competencias", admite el colectivo denunciante, pero en este caso -argumenta- la iniciativa legislativa "está viciada de un delito de usurpación de atribuciones judiciales", por lo que entiende que el Supremo "tiene el derecho y el deber de impedir que sus resoluciones judiciales se vean anuladas por esa invasión de competencias judiciales".

 "Defender la independencia del poder judicial es defender la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, así como defender los derechos y libertades de los ciudadanos (entre ellos el principio de igualdad ante la Ley)", asegura.

Y aunque la asociación que preside Miguel Bernad -condenado a cuatro años de cárcel por el "caso Ausbanc"- dice ser consciente del "choque institucional que se produciría", añade que por muy grave que este sea "la ley está por encima y obliga a todos".

Manos Limpias entiende que la proposición de ley está "viciada de origen" porque los acuerdos con ERC y Junts obligan al PSOE, a cambio de sus votos a favor de la investidura de Pedro Sánchez, a "presentar una iniciativa legislativa que desactiva y anula todos los procesos judiciales ya sentenciados o que todavía no se hayan juzgado, referentes a todo el proceso independentista".

"Causa general contra el poder judicial"
Para el colectivo denunciante, la iniciativa vulnera el principio constitucional de igualdad de todos los españoles ante la ley y "fulmina también el principio constitucional de separación de poderes", además de que "criminaliza e inicia una causa general contra el poder judicial en lo que se conoce como lawfare" (la supuesta utilización de la Justicia con fines políticos que los independentistas denuncian y que el PSOE asume en el pacto con Junts).

 El delito de usurpación de atribuciones castiga con penas de prisión de seis meses a un año a la autoridad que se apropie de «atribuciones judiciales o impidiere ejecutar una resolución» judicial.

Una pena que puede alcanzar los dos años de prisión cuando con esa conducta se atente «contra la independencia de los jueces o magistrados» dirigiéndoles «instrucción, orden o intimación relativas a causas o actuaciones que estén conociendo»

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