El Gobierno italiano liderado por Giorgia Meloni ha anunciado un endurecimiento de las penas relativas a los delitos contra la seguridad ciudadana y abordará con mayor contundencia la okupación de viviendas.

La nueva normativa impondrá penas de entre dos y siete años de prisión para aquellas personas que incurran en un delito de «okupación arbitraria de bienes destinados a domicilio ajeno», según queda establecido legalmente. La ley facilitará la devolución rápida de los domicilios a sus dueños mediante un procedimiento de intervención inmediata de la policía judicial en caso de que «el inmueble sea la única vivienda del denunciante».

 La okupación no ha sido, sin embargo, el único delito recogido en el código penal. El bloqueo de carreteras y otras vías de circulación públicas, que actualmente estaba sujeto a una multa, incluirá penas de cárcel de entre seis meses y dos años de cárcel. La medida se encuentra orientada a frenar protestas y manifestaciones de grupos ideológicos como asociaciones ecologistas y sindicatos politizados.

Otros delitos como el robo o el fraude se han castigado de forma más severa. En esta línea serán endurecidas las penas por timar a ancianos y a personas vulnerables con hasta 3.000 euros de multa y entre dos y seis años de cárcel. Este es un delito cada vez más frecuente en Italia, habiendo alcanzado casi los 22.000 casos anuales.

La reforma penal incluye también el endurecimiento de condenas para mujeres embarazadas y madres de menores de tres años. Anteriormente, las mujeres en tal situación que hubieran cometido delitos de robo se encontraban exentas de cumplir pena de cárcel debido a su condición, una norma que las empujaba a quedarse embarazadas durante el proceso penal a fin de evitar las condenas. El Gobierno de Meloni introduce así trabas a la evasión penal por casos especiales.

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Otros delitos relacionados con el daño a bienes del Estado o carácter público serán considerados de una gravedad superior a la establecida hasta ahora (incluidos los grafitis). Es destacable el caso del activismo ecologista. Acciones de protesta que dañen bienes públicos como las vistas el pasado año en la National Gallery de Londres, donde activistas lanzaron salsa de tomate sobre un cuadro obra de Van Gogh, podrán conllevar penas de entre seis meses y un año, y sanciones económicas.

En el comunicado publicado por la presidencia del Consejo de Ministros se anuncia la aprobación de todas estas medidas como parte de un triple proyecto de ley. La nueva regulación se encuentra inserta en una estrategia más amplia que tiene como objetivo frenar el aumento de la inseguridad en Italia —una de las prioridades detalladas en el programa de Gobierno de Meloni— a través de la reducción de la tasa de criminalidad.

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