La Fiscalía ha mostrado su rechazo a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ampare al juez que investiga el caso 'Tsunami Democràtic' ante los "ataques" que ha denunciado del secretario de Estado de Justicia, Antonio 'Tontxu' Rodríguez después de haber dirigido su investigación contra el expresidente catalán Carles Puigdemont.

El Ministerio Público se ha pronunciado así, después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón pidiera amparo al CGPJ ante las declaraciones vertidas por el secretario de Estado de Justicia, Antonio 'Tontxu' Rodríguez.

El que fuera número 'dos' de Pilar Llop en el Ministerio de Justicia aseguró de forma irónica una entrevista en Radio Popular que era una "casualidad" que el magistrado instructor dirigiera la investigación sobre 'Tsunami' contra Puigdemont y contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, unos días antes de que se llegara "a un acuerdo con Junts y unos días después de que se hubiera llegado a un acuerdo con ERC".

Ahora, la Fiscalía concluye que "no ha de ser la vía penal el camino para hacer frente a ataques tan ofensivos y descalificadores como el que nos ocupa". A su juicio, lo que procede es "circunscribirla en el ámbito de la crítica, la opinión y la libertad de expresión".

"Al Ministerio Fiscal le compete velar por el respeto de las instituciones constitucionales, pero también de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa", explica.

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LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En este sentido, se ampara en la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). E insiste en que "para integrar el delito de calumnias no bastan imputaciones genéricas".

En el caso específico del juez García Castellón, asegura que aunque coincide que "las manifestaciones señaladas como difamatorias" pueden ser "consideradas como provocativas", se trata de "manifestaciones que no cabe dejar de valorar sino en el ámbito de su derecho fundamental a la libertad de expresión".

Así las cosas, la fiscal Ana Galdeano propone que se archiven las diligencias de investigación al considerar que los hechos denunciados no revisten carácter de delito, "quedando a salvo su derecho a interponer denuncia ante la autoridad judicial por estos hechos".

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